La CGT busca suspender la reforma laboral con una presentación judicial

La reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso abrió un nuevo frente de discusión luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará una presentación judicial para intentar detener su aplicación. El planteo se formalizó a través de un recurso de amparo ingresado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico.

El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT y por diversos dirigentes sindicales de la central. A través de esta acción, buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada el viernes pasado por el Senado, que aún aguarda su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
La presentación judicial se produjo pocos días después de la movilización que la CGT realizó frente a los tribunales para expresar su rechazo a la iniciativa. Desde la organización sindical señalaron que el paro general convocado en contra de la reforma tuvo un nivel de adhesión superior al 90%.

Desde el sindicalismo argumentan que los cambios introducidos en la legislación laboral afectan derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Al referirse a la medida, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, señaló que la central decidió acudir a la Justicia para que se garantice el respeto de las normas constitucionales. “Confiamos en que el Poder Judicial actuará con objetividad y resguardará el cumplimiento de la Constitución”, expresó ante los medios.

En un comunicado difundido tras la presentación, la CGT sostuvo que el planteo se basa en la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica.

La central sindical advirtió que la reforma podría afectar derechos laborales fundamentales, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y las garantías vinculadas a la seguridad social.

Entre los puntos más cuestionados por los gremios figuran la posibilidad de extender las jornadas laborales hasta doce horas, cambios en el régimen de horas extras y la eliminación de sanciones para empleadores que incumplieron aportes o disposiciones legales. También expresaron preocupación por el mecanismo que permitiría abonar indemnizaciones por despido en cuotas mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).