La campaña electoral y las limitaciones legales en el foco de la solicitud de Milei
La agrupación política La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, ha presentado una solicitud ante la jueza federal María Servini para suspender los efectos de un decreto anunciado por el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, como parte de su "plan platita".
Este decreto extiende por dos años la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada para personas con 30 años de aportes que estén desempleadas desde mediados de año.
El abogado de Javier Milei, Francisco Oneto, representó a la abogada Alba Quintar en esta solicitud, argumentando que el decreto publicado en el Boletín Oficial es una medida prohibida durante la campaña electoral, ya que constituye un acto de gobierno. La petición busca que el tribunal ordene la suspensión de la aplicación del decreto hasta después de las elecciones, ya que, según afirman, busca interferir en el derecho fundamental al sufragio libre. Se sostiene que este decreto no es simplemente una prórroga de un beneficio existente, sino un nuevo plan introducido en un momento en el que se prohíben este tipo de actos de gobierno durante la campaña electoral. La solicitud argumenta que la medida podría haberse tomado después de las elecciones o antes de la campaña, evitando así cualquier interferencia con el proceso electoral.
El decreto de Massa prorroga por dos años el mecanismo que permite acceder al beneficio jubilatorio sin cumplir con los años de aportes o la edad mínima requerida. Para ser elegible, es necesario tener al menos 60 años en el caso de los hombres y 55 en el de las mujeres, además de acreditar 30 años de aportes y estar desempleado al 30 de junio del año en curso. La Jubilación Anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo, así como con otros planes sociales o beneficios previsionales.
En los últimos años, aproximadamente 23,000 personas accedieron a este beneficio, personas que habían cumplido con los años de aportes pero no tenían la edad requerida para jubilarse y se encontraban desempleadas, según los considerandos del decreto.
