José Antonio Kast, candidato de derecha y líder del Partido Republicano, es el nuevo presidente electo de Chile

El resultado consolida un giro del mapa político chileno hacia la derecha, en línea con lo ocurrido recientemente en países como Bolivia, Argentina y Ecuador, tras cuatro años de gobierno progresista, y confirma además una tendencia en ese país: desde hace dos décadas, ningún presidente logra traspasar el poder a un sucesor de su mismo signo político. Kast asumirá el poder el 11 de marzo de 2026.
El endurecimiento de las medidas contra la delincuencia y la regulación de la migración irregular fueron ejes centrales de la estrategia de Kast para ampliar esa base de votantes más allá de la derecha tradicional y derrotar a la izquierda.
El núcleo de su propuesta en materia de seguridad es el denominado Plan Implacable, que contempla el aislamiento total de líderes criminales, la creación de cárceles de máxima seguridad, la prohibición de los llamados “narcofunerales”, la ampliación de las facultades policiales y un paquete de medidas contra el vandalismo -que van desde procesos judiciales hasta restricciones para acceder a becas, subsidios y créditos- y que, según sus críticos, apunta a contener la protesta social.
La inmigración -en especial la irregular- es uno de los principales desafíos del país y fue ampliamente capitalizada por la derecha. Se trata de la segunda mayor preocupación de los chilenos y de un eje central de la campaña, más aún si se tiene en cuenta que Chile alberga cerca de 1,9 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de los cuales casi 340.000 son indocumentados, en su mayoría venezolanos (252.591 personas).
En este terreno, Kast propone un giro drástico: militarizar las fronteras, establecer un sistema de detención para migrantes que ingresen de manera irregular, ejecutar expulsiones exprés y sancionar a las ONG que se interpongan en estos procesos. 
Su programa también contempla la construcción de zanjas y barreras físicas en zonas del desierto de Atacama, así como el endurecimiento de los requisitos de residencia y la prohibición de acceso a ayudas estatales para quienes no cuenten con estatus regular.
“Queremos siempre cuidar y resguardar el valor de la familia. Pero cuando hay personas que han infringido la ley, tienen que tomar una decisión. Si no quieren llevarse a sus hijos, tendremos que hacernos cargo nosotros”, dijo durante el último debate sobre los padres migrantes irregulares que tienen hijos nacidos en Chile.
Con su elección, persiste la preocupación de que el nuevo gobierno impulse recortes en ayudas sociales y acelere el aumento de la desigualdad, un temor especialmente sensible en un país donde las demandas por mayor protección social y redistribución fueron centrales tras el estallido social de 2019. El plan de ajuste fiscal anunciado por el presidente electo se centra en recortar cerca de 6.000 millones de dólares del gasto estatal durante los primeros 18 meses de su mandato.