La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que plantea reemplazar al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) por una nueva entidad, la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Mediante un comunicado, los intendentes advirtieron que la iniciativa “pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático” de la obra social, afectando directamente a miles de trabajadores municipales, tanto activos como jubilados, que dependen del IOSPER para su cobertura médica y la de sus familias.

El texto también apunta contra la posible “apropiación política” del organismo, y reclama que cualquier modificación se encare con “un debate amplio, participativo y con intervención real de sus legítimos dueños: los afiliados”.
Si bien reconocen la necesidad de modernizar el sistema y corregir deficiencias, los jefes comunales rechazan de plano la idea de disolver el IOSPER: “No es necesario crear una nueva obra social, sino actualizar la legislación vigente sin destruir un modelo que ha funcionado durante más de cinco décadas”.
Uno de los puntos más cuestionados es la reducción en la representación gremial dentro del Directorio, lo que —según la Liga— “convierte al IOSPER en una dependencia del poder político” y representa un “grave retroceso en términos de participación democrática”. En esa línea, también criticaron que la comisión fiscalizadora pase a estar integrada por un solo miembro designado por el Ejecutivo.

Además, recordaron que el IOSPER “no es una obra social estatal, sino una herramienta financiada exclusivamente con los aportes de sus afiliados”. En ese sentido, remarcaron que el Estado provincial no aporta fondos propios para su funcionamiento, por lo cual “no corresponde que pretenda asumir su conducción ni decidir el destino de fondos que son laborales, no públicos”.
Finalmente, los intendentes manifestaron su preocupación por los efectos de la actual intervención sobre el funcionamiento del instituto. Según señalaron, “lejos de mejorar la situación, en estos seis meses se agravaron los problemas”, con recortes en prestaciones, demoras en medicamentos, trabas en las autorizaciones, migración de datos a firmas externas y subas excesivas en coseguros.