Gustavo Bordet ratificó su voto contra la baja de imputabilidad y respaldó a UNICEF

El exgobernador sostuvo que la iniciativa impulsada desde el gobierno nacional parte de un diagnóstico equivocado y plantea respuestas punitivas simplificadas frente a problemáticas sociales complejas.

Bordet afirmó que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia.

Por el contrario, señaló que experiencias internacionales muestran que este tipo de medidas no han logrado mejorar los niveles de seguridad.

También advirtió que la participación de adolescentes en hechos delictivos suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, generando percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas.

“El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, sostuvo, en línea con planteos de organismos especializados.

En relación con la realidad provincial, Bordet citó datos de Entre Ríos que reflejan una baja incidencia: durante 2024, apenas el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad.

A su entender, estas cifras demuestran que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.
El legislador además alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características.

Recordó la situación de emergencia carcelaria a nivel nacional y señaló que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso en términos de derechos.

Finalmente, Bordet sostuvo que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.