Goldín negó la acusación de abuso y atribuyó la denuncia a una represalia judicial

Los abogados Guillermo Peñalver y Carlos Conti, defensores del intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldín, rechazaron la acusación por abuso sexual simple que se tramita en la Justicia de Concordia y anticiparon nuevas acciones legales contra la denunciante.
Según la información pública disponible, la denuncia fue formalizada en 2024 por una exsecretaria municipal identificada como A. R., quien ubicó los episodios a partir de 2022, mientras trabajaba en la Municipalidad de Estancia Grande. No se difundió el día exacto de aquella presentación.

La mujer denunció presuntos tocamientos de carácter sexual dentro del edificio municipal. También refirió situaciones de acoso a través de redes sociales y una supuesta amenaza relacionada con la publicación de fotografías. Estas afirmaciones forman parte de su relato y deberán ser evaluadas judicialmente.
La causa, caratulada como abuso sexual simple, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Género. Durante el trámite se realizaron estudios y pericias psicológicas, se recibieron testimonios y se dispusieron medidas preventivas de prohibición de acercamiento y contacto, que no implican una declaración de culpabilidad.
La imputación fue informada públicamente el 25 de agosto, luego de una decisión adoptada el viernes anterior. El miércoles 26 declaró una tercera testigo ante los Tribunales de Concordia. La abogada querellante, Cielo Petit, adelantó que solicitará la elevación a juicio cuando concluyan las medidas de prueba pendientes.

La respuesta de la defensa
Peñalver y Conti sostuvieron que el hecho denunciado “jamás ocurrió” y calificaron la acusación como una represalia contra Goldín. De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó cuando el intendente detectó presuntas irregularidades en la administración municipal y promovió denuncias penales contra A. R., su esposo, Pedro Silvio de la Madrid, y su cuñada, Daiana Alfonsina de la Madrid.
Los defensores afirmaron que, después de esas presentaciones y de la desvinculación laboral de la denunciante, surgieron las acusaciones contra el jefe comunal. Esa relación entre ambos procesos constituye la hipótesis de la defensa y todavía debe ser acreditada ante la Justicia.
Uno de los antecedentes mencionados es un decreto que, según los abogados, habría sido falsificado para incorporar a A. R. y a su cuñada a la planta permanente, con remuneraciones equivalentes al sueldo del intendente.
La defensa aseguró que Pedro Silvio de la Madrid fue condenado por hechos vinculados con ese instrumento y cumple una pena en la Unidad Penal de Gualeguaychú, mientras que A. R. se encuentra procesada. También anunció que denunciará una presunta estafa procesal.

Goldín permanece imputado, pero no ha sido condenado. La investigación deberá establecer si existen pruebas suficientes para llevar la acusación a juicio y, por otra parte, determinar la eventual relevancia de las causas administrativas invocadas por sus defensores. La existencia de denuncias cruzadas no prueba por sí misma ni el abuso denunciado ni la hipótesis de una represalia.