Fuerte recorte en el empleo público: el Estado perdió casi 60 mil puestos

En el transcurso de dos años, la dotación de empleados permanentes y transitorios del Estado se redujo en 59.688 cargos, lo que representa una caída del 17,5% del total y un promedio de 82 bajas por día. Según el Gobierno, este ajuste generó un ahorro anual estimado en $3,4 billones.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a noviembre del año pasado el Estado nacional contaba con 281.785 empleados, cifra que refleja con claridad el impacto de la política de recorte impulsada por la actual administración. El análisis surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Dónde se concentraron los recortes
En términos porcentuales, la mayor reducción se dio en la administración centralizada, que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público. En ese ámbito, la dotación cayó 28,8%, lo que equivale a 15.780 agentes menos en dos años.
Sin embargo, si se observa el ajuste en valores absolutos, el mayor impacto se produjo en las empresas y sociedades del Estado, que perdieron 20.602 puestos, una contracción del 18,7% desde fines de 2023.
Dentro de ese universo, el Correo Argentino fue la empresa con más bajas, con 5.191 empleados menos, lo que implica una reducción del 30,8% de su plantel. Le siguieron la Operadora Ferroviaria, con 3.504 cargos menos; el Banco Nación, con una disminución de 2.010 agentes; y Aerolíneas Argentinas, que redujo su personal en 1.913 puestos.
También se registraron recortes significativos en organismos descentralizados. Entre los más afectados figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.152 bajas; el Conicet, que perdió 2.074 cargos; y la Anses, con 1.573 empleados menos.

Organismos disueltos y estructuras en retirada
El ajuste incluyó además la eliminación directa de organismos públicos. Uno de los casos más relevantes fue el del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), disuelto en 2024. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía y su planta, que contaba con 354 empleados, quedó reducida a cero.
Una situación similar atravesó el Inadi, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Justicia tras su disolución formal. Otros organismos, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), el INCAA y la Casa de la Moneda, también sufrieron recortes profundos, con reducciones que oscilaron entre el 35% y casi el 80% de sus planteles.

Menos empleados y salarios rezagados
La política de achicamiento del Estado fue acompañada por un ajuste en los salarios del sector público, ya que los aumentos acordados en paritarias se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el gasto salarial real cayó 10,4% en el Poder Ejecutivo, 5,2% en el Judicial y 12,1% en el Legislativo.

Continúa la restricción a nuevas contrataciones
El Gobierno anticipó que la política de ajuste continuará durante este año. A través del decreto 934/2025, se prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional. La norma prohíbe designaciones bajo cualquier modalidad, aunque contempla excepciones para áreas específicas como universidades nacionales, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.
Incluso en esos casos, el decreto establece una condición: por cada nuevo ingreso deberán registrarse al menos dos bajas previas, una leve flexibilización respecto del esquema anterior, que exigía tres salidas por cada incorporación.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reducción de casi 60 mil agentes en dos años se logró sin afectar los servicios esenciales, y la presentan como uno de los pilares del proceso de desregulación y reestructuración del Estado. (Con datos de La Nación)