Frigerio afirmó que existió una “industria del juicio” interna y que la obra social fue utilizada como “botín de guerra” por sectores sindicales. Rechazó las críticas a la intervención y sostuvo: “No me van a amedrentar jamás. La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”.

El mandatario entrerriano explicó que el Gobierno presentó documentación ante la Justicia que daría cuenta de irregularidades administrativas y financieras, pero remarcó que será el Ministerio Público Fiscal quien deberá determinar responsabilidades.
También propuso un cambio simbólico: modificar el nombre del IOSPER, cuyo origen se remonta a la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. “Queremos una denominación que exprese el espíritu democrático y un nuevo tiempo para los trabajadores del Estado”, sostuvo.

En otro tramo, manifestó su disconformidad con los altos sueldos en otros poderes del Estado, reiterando que “nadie debería ganar más que el gobernador”, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los controles internos para prevenir hechos de corrupción. “No puedo prometer erradicarla, pero sí perseguirla y sancionarla”, indicó.
Frigerio expresó su voluntad de que el actual interventor del organismo, Mariano Gallegos, continúe al frente de la nueva etapa si se aprueba la ley, aunque aclaró que esa conversación aún no se dio.
Finalmente, aludió a la difícil situación financiera de la provincia y reclamó mayor respaldo del Gobierno nacional, especialmente en lo referido a la deuda con la Caja de Jubilaciones y al precio que recibe Entre Ríos por la energía que genera Salto Grande.