Financiamiento universitario: el Gobierno afronta otra semana de reclamos y movilización

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volverá a las calles este jueves 15 de octubre, con una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para exigir el cumplimiento de la ley que garantiza recursos para el sistema. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y organizaciones gremiales impulsan la jornada nacional.

En Concordia, el reclamo tiene antecedentes de importante participación ciudadana. Las movilizaciones anteriores reunieron a integrantes de la UNER, la UTN y la UADER, acompañados por sindicatos y vecinos, en defensa de la educación pública.

Las marchas que se realizaron en Concordia

El 23 de abril de 2024, la ciudad participó de la primera Marcha Federal Universitaria, más de un millar de personas acompañó a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y graduados en defensa de la universidad pública, la ciencia y el financiamiento educativo.
El 2 de octubre de 2024 se realizó otra movilización, que fue masiva. La jornada incluyó la lectura de documentos y cuestionamientos al deterioro del presupuesto, los salarios y las condiciones de estudio. 
El 17 de septiembre de 2025, durante la tercera marcha federal, la convocatoria local reunió a más de 3.000 personas. Los manifestantes se concentraron a las 16:30 en Plaza Urquiza y marcharon hacia Plaza 25 de Mayo. Participaron comunidades universitarias, gremios y vecinos, con reclamos por el financiamiento, los salarios y la continuidad de las actividades académicas y científicas.
Estos antecedentes muestran la dimensión que alcanzó la protesta en Concordia. Para la convocatoria de este jueves, todavía no se tiene una confirmación local del horario y recorrido.

Una ley, un fallo y una disputa por los recursos

La nueva movilización llega después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de partidas presupuestarias. 
El magistrado ordenó implementar la norma, mientras el Gobierno apeló la decisión.
La ley había sido sancionada en 2025 y posteriormente vetada por el Presidente. Tras la insistencia del Congreso con la mayoría especial, el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución alegando la necesidad de establecer las fuentes de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional rechaza ese argumento y reclama que se cumpla la legislación vigente. La disputa también alcanza al Presupuesto 2027: el proyecto oficial contempla aproximadamente $7,3 billones, mientras las autoridades universitarias solicitan $11 billones, una diferencia de $3,7 billones.
Con las negociaciones parlamentarias y el conflicto judicial todavía abiertos, la marcha buscará renovar la presión para garantizar el funcionamiento de las universidades, sostener la investigación y atender la situación salarial de sus trabajadores.