Ética pública: avanzó en el Senado un proyecto con declaraciones patrimoniales anuales y sanciones

El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública quedó en condiciones de ser debatido en el recinto del Senado entrerriano, tras obtener dictamen favorable este miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

El presidente de esta última comisión, Juan Cosso, sostuvo que el trabajo legislativo permitió incorporar mecanismos de seguimiento patrimonial y sanciones que fortalecen la propuesta original. Atribuyó esas modificaciones a los aportes del bloque de senadores del Partido Justicialista.
“El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó”, afirmó el legislador, quien planteó que la transparencia requiere obligaciones verificables y consecuencias ante su incumplimiento.

Declaraciones anuales y acceso público
Según explicó Cosso, la versión original exigía presentar declaraciones juradas patrimoniales al asumir y al finalizar el ejercicio del cargo. El dictamen incorpora una actualización anual, con vencimiento el 31 de julio.
La información deberá comprender bienes ubicados en la Argentina y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen. También se incluyen expresamente las billeteras virtuales y los criptoactivos.
El texto prevé publicar en internet las declaraciones y la nómina de quienes cumplieron o incumplieron la obligación, con resguardo de los datos sensibles.
En materia de sanciones, contempla multas de hasta el 50% del sueldo por falta de presentación o por información incompleta. En caso de reincidencia, podrán alcanzar el 100%.
Para Cosso, la actualización periódica resulta indispensable para conocer la evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas. Advirtió que una declaración sin seguimiento ni sanciones corre el riesgo de convertirse en un trámite sin capacidad efectiva de control.

Cambios en los requisitos de Ficha Limpia
Otro de los ejes del debate fueron los artículos 23 y 24, referidos a los impedimentos para ejercer cargos públicos o integrar candidaturas cuando existen condenas por corrupción y otros delitos graves.
De acuerdo con la descripción del senador, el dictamen establece que la condena debe estar confirmada en dos instancias y vincula la duración de la restricción con la condena, en reemplazo de un plazo uniforme para todos los casos.
También se precisaron los delitos comprendidos y se corrigieron remisiones normativas. Además, se incorporó la exigencia de presentar certificados de antecedentes penales para quienes asuman funciones y para todos los candidatos de cada lista.
Cosso defendió estos cambios como una forma de dotar al régimen de mayor solidez jurídica. Sostuvo que las restricciones deben resultar eficaces y, al mismo tiempo, respetar las garantías constitucionales para evitar cuestionamientos que comprometan su aplicación.

El trabajo de la oposición 
El legislador reivindicó la participación de la oposición en la revisión del articulado y señaló que el justicialismo buscó introducir modificaciones concretas, sin obstaculizar el debate ni respaldar automáticamente la iniciativa.
En ese sentido, consideró que una ley de ética pública debe traducirse en controles permanentes, información accesible y sanciones aplicables.
El dictamen constituye un avance en el trámite legislativo, aunque el proyecto todavía deberá ser tratado por el pleno del Senado.