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    Escándalo por los audios de Karina Milei: el Gobierno extiende la denuncia a Uruguay

    La ministra Patricia Bullrich amplió la presentación judicial e incluyó al canal de streaming uruguayo Dopamina, tras la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia. Es evidente que como ocurrió en toda su historia política, Bullrich pierde la brújula y comete torpezas como esta de denunciar colegas extranjeros.

    09 de septiembre de 2025 - 06:30
    Escándalo por los audios de Karina Milei: el Gobierno extiende la denuncia a Uruguay
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    El conflicto generado por los audios que involucran a Karina Milei cruzó la frontera. El Gobierno nacional denunció al canal de streaming Dopamina, con sede en Uruguay, por haber difundido uno de los registros en medio de la campaña electoral bonaerense.
    El abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad, presentó la ampliación de la denuncia en el marco de la causa por presunta “inteligencia ilegal”. Según indicó, los audios habrían sido entregados a Dopamina desde Argentina y forman parte de una serie que iba a publicar inicialmente el periodista Jorge Rial.
    Desde la Casa Rosada señalan que las filtraciones responden a un plan organizado para perjudicar al oficialismo, liberando las grabaciones en “capítulos” durante el proceso electoral. Uno de los audios difundidos muestra supuestamente a Karina Milei refiriéndose al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque no se confirmó su autenticidad.
    Estrategia judicial y controversia
    La ministra Patricia Bullrich había denunciado días atrás a una supuesta red de espionaje ilegal y pidió medidas severas contra quienes difundieran los audios, incluidos allanamientos a periodistas y medios. En esa lista figuraban Rial, Mauro Federico y el canal Carnaval, primero en difundirlos. Las presentaciones recibieron respuestas dispares en la Justicia. El juez civil Alejandro Maraniello otorgó una cautelar que prohíbe la circulación de los audios en Argentina, mientras que en el fuero penal el fiscal Carlos Stornelli rechazó avanzar sobre medios y periodistas, recordando que “las fuentes periodísticas son inviolables”.

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    El efecto inverso
    Lejos de frenar la propagación, la decisión oficial de judicializar el caso derivó en la difusión internacional. El material divulgado en Uruguay amplió la repercusión del escándalo y sumó un nuevo frente a la Casa Rosada, que ahora intenta contener el impacto político y mediático de las grabaciones.
     

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