Entre Ríos ya tiene defensor público de las víctimas: el Senado designó a Juan Ignacio Lazzaneo
La Cámara Alta aprobó por unanimidad el pliego del abogado concordiense para ocupar un cargo que hasta ahora permanecía vacante en la provincia. La decisión formó parte de una extensa jornada de acuerdos judiciales.
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En una sesión marcada por el tratamiento de numerosas designaciones judiciales, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el pliego del abogado concordiense Juan Ignacio Lazzaneo para ocupar el cargo de Defensor Público de las Víctimas con asiento en Entre Ríos.
La designación formó parte de un paquete de 73 nombramientos impulsados para cubrir vacantes en distintos ámbitos de la Justicia, en momentos en que el debate sobre la integración del Poder Judicial se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política nacional.
El nombre de Lazzaneo había sido propuesto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral en 2012, accedió a la magistratura a una edad temprana, cuando contaba con apenas 36 años.
Su nombramiento tiene además una particular relevancia institucional, ya que permitirá cubrir una figura que hasta ahora no se encontraba operativa en la provincia. La Defensoría Pública de las Víctimas fue concebida para brindar asistencia técnica, orientación y patrocinio jurídico a personas afectadas por delitos de especial gravedad, garantizando una representación específica dentro del proceso penal.
La incorporación de esta figura busca equilibrar la participación de las partes dentro del sistema judicial, otorgando a las víctimas un acompañamiento profesional especializado durante todo el desarrollo de las causas.
La aprobación del pliego se produjo en una jornada de fuerte contenido institucional para el Senado, donde las designaciones judiciales volvieron a ocupar el centro de la escena política. En los últimos meses, la cobertura de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías ha generado intensos debates entre el Gobierno, la oposición y distintos sectores del ámbito jurídico, que reclaman mayor rapidez para completar cargos estratégicos pero también transparencia y consenso en los procesos de selección.
En ese contexto, el caso de Lazzaneo se destacó por reunir respaldo unánime, una circunstancia cada vez menos frecuente en un escenario nacional atravesado por fuertes discusiones sobre el funcionamiento y la integración del Poder Judicial.

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