Entre Ríos aprobó un alivio impositivo para pequeños comercios, con críticas por dejar afuera a prestadores de servicios

El alivio fiscal para pequeños comercios quedó aprobado este miércoles en la Legislatura entrerriana. Tras haber obtenido media sanción en Diputados, el proyecto del Poder Ejecutivo recibió el aval del Senado durante su 14.ª sesión ordinaria. El debate, sin embargo, dejó expuesta una diferencia sobre el alcance de la medida: quiénes podrán acceder a la exención y quiénes seguirán pagando el impuesto. La disposición principal exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial a los monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial, siempre que cumplan las condiciones que establezca la reglamentación. El texto también prevé que contribuyentes de otras categorías, y aquellos de las categorías A, B y C cuya actividad principal no sea el comercio, puedan quedar exentos de la cuota 12 si abonaron en término las once anteriores. 
El senador Gustavo Vergara defendió la propuesta oficial. Reconoció las dificultades económicas del sector, pero sostuvo que el alcance de los beneficios responde a las posibilidades financieras de la provincia. También destacó que el Ejecutivo podrá disponer medidas transitorias ante situaciones que afecten a determinadas actividades. 
Desde el bloque Más para Entre Ríos, Víctor Sanzberro fundamentó el voto negativo. Cuestionó que un pequeño comercio pueda acceder a la exención mientras un plomero, un gasista o una peluquera de la misma categoría quedan fuera del beneficio principal. Propuso incorporar a los prestadores de servicios y extender la ayuda a contribuyentes de las categorías D a G que acrediten un alto nivel de endeudamiento. También pidió revisar la exigencia de no tener deudas exigibles con ATER y sumar una moratoria, junto con medidas frente a ejecuciones y embargos. Esas propuestas no formaron parte del texto aprobado.

Dos iniciativas productivas siguen en Diputados
En la misma sesión, el Senado aprobó otros dos proyectos que todavía deben ser tratados por la Cámara de Diputados. Uno propone considerar al matarife y abastecedor como actividad productiva industrial para acceder a los beneficios previstos para ese sector. El otro busca dar un tratamiento similar a las plantas de incubación de huevos destinados a la producción avícola. En ambos casos, los promotores de las iniciativas sostienen que el encuadre actual no refleja la actividad que desarrollan. 
Por último, la Cámara aceptó un pedido del Superior Tribunal de Justicia y resolvió devolver el expediente referido a un eventual canon que pagaría el agente financiero provincial por los saldos de cuentas bancarias judiciales.