Entre apoyos y cuestionamientos, el Senado convirtió en ley los Consorcios Camineros

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este martes, por unanimidad en general, el proyecto que crea un nuevo Régimen de Consorcios Camineros. Sin embargo, durante la votación en particular surgieron diferencias y el bloque Más para Entre Ríos no acompañó los títulos I y III.
El senador oficialista Jaime Benedetti defendió la iniciativa al señalar que busca facilitar la participación de vecinos y productores en el mantenimiento de los caminos. Según explicó, el procedimiento actual contempla 13 instancias burocráticas y la reforma pretende agilizar la conformación y el funcionamiento de los consorcios para atender necesidades inmediatas que el Estado no logra cubrir.
Benedetti también rechazó las advertencias sindicales sobre un posible vaciamiento de la Dirección Provincial de Vialidad. Aseguró que el proyecto no amenaza la continuidad de los empleados y que los consorcios solamente intervendrán en una parte de las tareas relacionadas con la red caminera.
Desde la oposición, los senadores Juan Conti, de Tala, y Víctor Sanzberro, de Victoria, fundamentaron su acompañamiento en general al considerar necesario reforzar la conservación de los caminos rurales. Conti remarcó que la falta de transitabilidad se transforma en un problema social, mientras que Sanzberro recordó los reiterados reclamos de las familias del ámbito rural.
No obstante, ambos legisladores cuestionaron el tratamiento dado al personal de planta de Vialidad. Sostuvieron que el proyecto no determina con claridad qué funciones cumplirán en el nuevo esquema quienes conocen los caminos y trabajan en las estructuras distribuidas por toda la provincia.
Sanzberro advirtió que el artículo 2.º no se limita a autorizar a los consorcios a conservar caminos terciarios, sino que también les permite ejecutar obras, construir alcantarillas y puentes e intervenir en tramos de la red secundaria. Además, objetó que esas entidades queden exceptuadas de la Ley de Obras Públicas, porque —según afirmó— se estaría habilitando un mecanismo capaz de eludir controles.
El bloque justicialista propuso que cada desembolso destinado a los consorcios cuente previamente con la certificación y aprobación de inspectores de Vialidad. También reclamó la publicación de los fondos asignados, los tramos intervenidos y el estado de las certificaciones técnicas. “No estamos dispuestos a votar un sistema de transferencia automática sin control”, expresó Sanzberro.
El senador llevó además al recinto la preocupación de los trabajadores de Vialidad, que durante la jornada se manifestaron en distintos puntos de Entre Ríos.

Aunque Benedetti afirmó en términos generales que la norma no amenaza al personal, el oficialismo no precisó durante el debate qué lugar concreto tendrán los empleados, las zonales y los equipos técnicos dentro del nuevo sistema. 
Fuera de los discursos formales, algunos legisladores oficialistas señalaban en voz baja que Vialidad funcionó durante años como una “unidad básica”, en la que militantes y “punteros” del justicialismo se habrían manejado “a gusto y placer”. Esa apreciación política no fue expuesta públicamente ni respaldada con información durante la sesión.
Finalmente, Sanzberro sostuvo que las modificaciones presentadas por escrito buscaban “cuidar el bolsillo del contribuyente y proteger al trabajador vial”, al tiempo que reclamó respeto por la tarea desarrollada durante el tratamiento en comisiones.
La ley obtuvo así el respaldo necesario, pero su sanción no cerró la discusión. Los controles sobre la transferencia de recursos, el alcance de las obras que podrán ejecutar los consorcios y el futuro del personal de Vialidad seguirán siendo los principales puntos de conflicto.