Enrique Cresto exige al gobierno precisiones sobre la reforma educativa y el futuro de las escuelas de adultos

Enrique Cresto, diputado provincial del departamento Concordia, reclamará al Gobierno de Entre Ríos información detallada sobre la reforma curricular que estudia el Consejo General de Educación (CGE) para las escuelas secundarias de jóvenes y adultos. Con el respaldo de sus pares, busca que las autoridades expliquen qué cambios proyectan y cuáles serían sus consecuencias antes de avanzar con su implementación.

El pedido de informes ingresará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y cuenta con el acompañamiento de Ávila, Laura Stratta, Silvina Deccó, Seyler, Andrea Zoff, Arrozogaray, Moreno y Castrillón.

La iniciativa requiere conocer el estado administrativo de la propuesta, sus fundamentos y el calendario previsto para una eventual aplicación durante el ciclo lectivo 2027. El planteo comprende tanto las modificaciones pedagógicas como sus efectos sobre el empleo docente, el funcionamiento de las instituciones y los recursos destinados a la modalidad.

Cargos y horas de clase

Una de las principales preguntas es si la reforma supondrá una reducción de horas cátedra, eliminación de cargos, reasignación de funciones o cambios en las condiciones laborales.
Para evaluar ese impacto, los legisladores solicitan un relevamiento de los cargos docentes, directivos, de coordinación y de apoyo existentes, junto con las horas asignadas a cada establecimiento y departamento. Esa información deberá compararse con la estructura que contempla el nuevo diseño.
También reclaman precisiones sobre las garantías para preservar la estabilidad y los derechos de docentes titulares, interinos y suplentes.

Qué pasará con las escuelas

El proyecto pregunta si se prevén cierres, fusiones, conversión de escuelas en anexos, reducción de cursos o modificaciones de sedes y turnos. Si alguna de esas medidas está contemplada, solicita identificar las instituciones involucradas, explicar los motivos y detallar cuántos estudiantes quedarían alcanzados y qué alternativas tendrían para continuar.
Además, requiere información sobre las reorganizaciones realizadas durante 2025 y 2026.
Los fundamentos destacan que, para quienes combinan el estudio con el trabajo y las tareas de cuidado, perder una escuela cercana o un turno compatible con sus obligaciones puede significar abandonar nuevamente la educación.

Contenidos, duración y presupuesto

Cresto y los legisladores que acompañan la iniciativa piden un cuadro comparativo entre el diseño vigente y el proyectado. Deberá incluir duración de los estudios, contenidos, orientaciones, carga horaria, organización anual o modular, evaluación y requisitos para obtener el título.
También quieren establecer si los cambios responden a una disposición nacional obligatoria o a una decisión provincial. En caso de existir una exigencia nacional, solicitan la documentación que la respalde.

El presupuesto es otro eje del requerimiento. Reclaman conocer los fondos destinados a personal, infraestructura, equipamiento, materiales y acompañamiento estudiantil durante 2025 y 2026, además de las previsiones para 2027.
En particular, preguntan si la reforma persigue un ahorro y, de ser así, cuál sería su monto y sobre qué partidas se aplicaría. El proyecto sostiene que una transformación educativa debe ampliar oportunidades y contar con recursos suficientes para sostenerlas.

Participación de la comunidad educativa

La presentación recoge la preocupación de las comunidades escolares y de Agmer por las posibles consecuencias de la reforma. Menciona el reclamo sindical del 14 de septiembre para participar del debate y obtener garantías frente a eventuales reducciones de horas.

También hace referencia al encuentro del 6 de octubre entre representantes gremiales y autoridades de Educación de Jóvenes y Adultos. 
Según la comunicación sindical citada en el proyecto, la propuesta continuaba en etapa de borradores y se anunciaron nuevas instancias de trabajo.

Los diputados solicitan conocer los compromisos asumidos y cómo participarán docentes, estudiantes, directivos, supervisores y sindicatos. Asimismo, consultan si se conformará una comisión multipartita de seguimiento.
Información antes de tomar decisiones
La iniciativa subraya que la educación de jóvenes y adultos permite retomar estudios interrumpidos por dificultades económicas, responsabilidades familiares o ingreso temprano al trabajo. 
Por eso, reclama garantizar el acceso y la permanencia de quienes trabajan, tienen personas a cargo, viven en zonas rurales o presentan alguna discapacidad.

El pedido aclara que no da por confirmados cierres de escuelas ni recortes generales de horas. Su objetivo es obtener información verificable y ejercer el control legislativo sobre una reforma que podría modificar las condiciones de enseñanza y las oportunidades de completar la secundaria.
Con ese planteo, Cresto y sus pares buscan que el Gobierno exponga el contenido, los costos y las consecuencias de la propuesta antes de adoptar decisiones sobre las escuelas de jóvenes y adultos.
         
El pedido de informes ingresará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y cuenta con el acompañamiento de Ávila, Laura Stratta, Silvina Deccó, Seyler, Andrea Zoff, Arrozogaray, Moreno y Castrillón.