El vocal que lo traicionó la ira
El vocal del STJ Emilio Castrillón dejó demostrado que es un hombre violento, según se observó en los hechos recientes en La Paz. En su historial como miembro del alto cuerpo fue protagonista de varios episodios con empleados y funcionarios judiciales que nunca trascendieron.
La revista Análisis recopiló sucesos de acoso laboral, hostigamiento, manipulación, abuso de poder y amenazas verbales. Pero nadie lo quiere investigar. Ni el Superior Tribunal, ni el poder político. Todos temen a sus reacciones.
El hombre quedó al desnudo esa madrugada de fines de marzo. Bajó a los gritos, ingresó violentamente al kiosco y se plantó. �SYo soy el dueño de La Paz. Yo soy⬝, gritó una y otra vez, como en los tiempos del caudillismo, mientras tiraba al suelo la mercadería del lugar.
Terminó en el piso, pateado, golpeado entre varios y siguió puteando minutos después, como si fuera el principal jefe de la barra brava de un club del ascenso de la provincia de Buenos Aires. Pero no.
Se trataba del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y exlegislador provincial del PJ-La Paz en varios mandatos, Emilio Aroldo Castrillón. Había bajado molesto por la música fuerte, la cantidad de jóvenes que se concentraban en la puerta de su casa -en esa esquina céntrica paceña- y por el hecho de que la mayoría de ellos orinaba en el garage de su domicilio, en medio de la pandemia y con absoluto descontrol municipal y policial.
El video de su irracional ira, que se viralizó por las redes sociales, lo dejó al descubierto. Ya nadie comentaría más de la supuesta violencia de Castrillón. El registro fílmico, con sus puteadas a los gritos, fue claro y contundente.
Los hechos terminaron asentados en la Fiscalía de La Paz, la dependencia judicial que encabeza Facundo Barbosa, hijo de uno de los dirigentes paceños que más veces acompañó políticamente a Castrillón en sus períodos como legislador oficialista.
Incluso, no pocos comentan que el exlegislador algo tuvo que ver en su designación, pese a la marcada distancia con el jefe de los fiscales, el procurador Jorge Amílcar García.
Esa mañana, la del domingo 28 de marzo, en que se conocieron los hechos, hubo una amplia repercusión en toda la provincia, la vocal del STJ, Susana Medina de Rizzo, sintió cierto alivio en su humanidad.
Ella fue quien denunció a Castrillón el año pasado por violencia de género, por una serie de comentarios en el chat judicial de los vocales, que la llevaron a iniciarle una causa judicial, en la que esta semana se constituyó como querellante. Castrillón, por su parte, nombró a Miguel Ángel Cullen como abogado defensor.
Cullen, como se sabe, es uno de los abogados de allegados a Sergio Urribarri y también defendió a Sergio Varisco en la causa denominada narcomunicipio, en la que terminó condenado y cumple prisión domiciliaria. Incluso, el fiscal de Género, Leandro Dato, lo citó a su despacho, para ponerlo en conocimiento de la denuncia y Castrillón concurrió con su abogado. �SYo te voy a recusar⬝, le dijo. Dato ni le respondió.
Desde esa vez de la denuncia de Medina, la vocal dejó de concurrir personalmente a las Acordadas del alto cuerpo judicial, precisamente porque no quiso compartir nunca más un espacio algo reducido y de debate, con su acusado.
En cada reunión, Medina de Rizzo sale a través del zoom de su computadora, desde la oficina que tiene en el tercer piso, donde se encuentra toda la estructura del alto cuerpo.
O sea, a escasos metros de donde todos los martes se hace el encuentro de los máximos integrantes de la conducción judicial, quienes en su mayoría, de alguna manera, fueron minimizando todo este tiempo el malestar de la jueza.
Pero Medina de Rizzo no fue la única que sintió cierto alivio cuando se enteró del bochornoso episodio protagonizado por Castrillón en La Paz. Algo similar sucedió con tres empleados jerarquizados del Poder Judicial, que cumplen funciones en proximidades del despacho de Castrillón, quienes también hicieron denuncias en ámbitos administrativos y nunca trascendieron o bien se ocultaron bajo siete llaves para no dañar la imagen y honorabilidad del vocal superior. Algunos de ellos hasta llegaron a las oficinas de la Fiscalía de Género o de la Procuración General para contar su historia y analizar si no correspondía avanzar en una causa penal.(I:Daniel Enz. Revista Analisis)
