El Senado respaldó con amplio consenso el proyecto de ley de discapacidad

La compatibilidad entre las pensiones y el empleo, la cobertura de salud y la actualización de las prestaciones son algunos de sus ejes centrales.

El proyecto de ley de discapacidad consiguió un amplio respaldo político en el Senado, donde recibió dictamen favorable con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintas bancadas provinciales. El oficialismo buscará convertirlo en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, será debatida en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por el libertario Agustín Monteverde y la justicialista Alicia Kirchner, respectivamente.

Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y sostuvo que «el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente».
La senadora puso especial énfasis en la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal, al considerar que el acceso al trabajo constituye una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.
También resaltó la continuidad de los beneficios para los empleadores que incorporen trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

«Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades», afirmó Bullrich.
La aprobación de la iniciativa resulta clave para responder a uno de los principales reclamos de los bloques aliados, que vienen exigiendo una norma que garantice la continuidad de las prestaciones una vez que finalice la vigencia de la ley de emergencia, prevista para el 31 de diciembre.
Esa legislación había sido sancionada el año pasado por la oposición y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, en medio de un fuerte debate político y social sobre el financiamiento del sistema de discapacidad.
Por su parte, la senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio anticipó el acompañamiento de su espacio al dictamen y remarcó la necesidad de garantizar previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias.
«Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga», expresó.
Además, sostuvo: «Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie».

Las objeciones al proyecto
Una de las voces críticas fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien cuestionó la falta de consultas con los organismos y las organizaciones vinculadas a la temática y anticipó que impulsará modificaciones al texto.
«Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por el Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS, que tampoco fueron consultadas», advirtió.

Qué establece el proyecto con media sanción de Diputados
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. El objetivo es establecer un régimen permanente y de orden público, que garantice la continuidad de las prestaciones más allá de los cambios de gobierno.
Entre sus principales disposiciones, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El texto también conserva el principio de nomenclador único y ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En materia de salud, garantiza la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para las personas que perciban la pensión por discapacidad.
Respecto del financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
Otro de los puntos centrales es la creación de un sistema de auditorías periódicas, que contempla el intercambio de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El procedimiento deberá desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a partir de un planteo de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Con el respaldo conseguido en comisión, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. La expectativa del oficialismo es alcanzar la sanción definitiva antes del vencimiento de la emergencia, para evitar un vacío legal que ponga en riesgo la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.