El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la medida en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, justificándose como parte de la lucha para terminar con los “curros de la política” y optimizar el uso de los recursos públicos. Adorni explicó que las contrataciones, consideradas irregulares, se realizaron por fuera de los mecanismos legales establecidos en el sistema nacional de empleo público. Además, el incentivo salarial, que representaba 15.600 millones de pesos anuales, se desvirtuó con el tiempo, pasando a integrarse al salario sin control efectivo sobre las capacitaciones.
El vocero remarcó que este tipo de prácticas, frecuentes en el ámbito estatal, terminan siendo negocios de unos pocos en perjuicio del erario público. “Toda caja o beneficio que no esté debidamente justificado será eliminado”, advirtió.

Medidas adicionales
Durante el anuncio, el Gobierno también informó que se retirará a la UTA (Unión Tranviarios Automotor) la exclusividad para la capacitación de conductores profesionales, con el objetivo de abrir el mercado y evitar monopolios.
Por otro lado, Adorni presentó los resultados de un relevamiento en Chaco sobre pensiones por discapacidad laboral, donde solo 365 de los 2.689 beneficiarios auditados cumplían con los requisitos, lo que equivale a apenas el 13,5% del total. Esto expuso, según el portavoz, la necesidad urgente de revisar la asignación de este tipo de beneficios.
“Es fundamental garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar abusos”, concluyó Adorni.