El Gobierno arma el calendario, pero el bolsillo marcará la elección
Las negociaciones con el PRO, las tensiones internas y el debate sobre las PASO anticipan la disputa de 2027.
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Sin embargo, la capacidad del oficialismo para ampliar su respaldo dependerá de una respuesta que los acuerdos políticos no pueden reemplazar: que la mejora económica llegue a la vida cotidiana.
La política argentina comienza a discutir las elecciones de 2027 con más movimientos de dirigentes que entusiasmo social. Mientras se negocian alianzas, se revisan las reglas electorales y se calculan candidaturas, permanece abierta la pregunta central: cuánto respaldo podrá trasladar Javier Milei a los candidatos de su espacio y hasta dónde alcanzará ese impulso en las provincias.
Todavía falta para las urnas. Pero el tiempo electoral empieza mucho antes de la campaña formal, y el oficialismo enfrenta dos necesidades simultáneas: ordenar su construcción política y conseguir que sus resultados económicos sean percibidos por una sociedad que no vive de expectativas indefinidamente.
La relación con el PRO expresa parte de ese problema. La posibilidad de un entendimiento convive con disputas por lugares, condiciones y conducción. Compartir algunas orientaciones de gobierno no resuelve automáticamente quién encabezará las listas ni cuánto espacio conservará cada sector.
A esa negociación se agregan las tensiones dentro del propio oficialismo. La convocatoria de Karina Milei a la mesa política para este martes 17 de noviembre, con la participación de Patricia Bullrich todavía en duda según las informaciones previas al encuentro, será una señal sobre la capacidad de administrar esas diferencias. La unidad también se mide en la posibilidad de sentarse a una misma mesa cuando los intereses empiezan a divergir.
Ese mismo martes, el debate de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pondrá a prueba los acuerdos con los aliados. La discusión sobre el futuro de las PASO encuentra posiciones diferentes y condicionamientos que vuelven incierto el resultado de las negociaciones.
Modificar las primarias tiene consecuencias que exceden el ahorro económico o la simplificación del calendario. También cambia la manera de resolver las internas, distribuir poder y ordenar la oferta electoral. Para el Gobierno, prescindir de esa instancia podría facilitar algunos acuerdos, pero también obligarlo a resolver por anticipado disputas que una competencia abierta permitiría encauzar. La conveniencia dependerá del escenario y de la capacidad de cada fuerza para mantenerse unida.
Las provincias, mientras tanto, comienzan a establecer sus propios tiempos. Neuquén convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027 y adelantó una definición que tendrá lectura nacional. El distrito atravesado por el desarrollo de Vaca Muerta ofrecerá una primera prueba sobre la convivencia entre los intereses territoriales y la expansión electoral libertaria.
Allí aparecerá un dilema que puede repetirse en otros lugares: hasta dónde la Casa Rosada privilegiará acuerdos con gobiernos provinciales y hasta dónde impulsará candidatos propios. Un Gobernador puede acompañar iniciativas nacionales y, al mismo tiempo, resistirse a que ese entendimiento termine convertido en una competencia que amenace su continuidad.
La confianza será decisiva. Ningún acuerdo resulta sólido si una parte sospecha que la otra prepara una lista alternativa. Y ninguna alianza se sostiene demasiado tiempo si sus integrantes creen que serán útiles para votar leyes, pero prescindibles cuando llegue el reparto de candidaturas.
Sin embargo, todo ese entramado tiene un límite: la economía cotidiana.
La inflación de octubre fue del 2,2%, con una variación interanual del 33,1%, según el INDEC. El dato vuelve a colocar sobre la mesa la dificultad de consolidar una baja sostenida de los precios y, sobre todo, de transformar la estabilización en alivio para los hogares.
Para una familia, el resultado económico se mide en alimentos, servicios, transporte y dinero disponible al terminar el mes. Para un comerciante, en ventas y reposición de mercadería. Para quien trabaja en la construcción, en la continuidad de una obra y en la posibilidad de encontrar la siguiente.
Por eso, aun cuando los indicadores generales puedan mostrar avances, el Gobierno necesita que esa mejora tenga expresión concreta en el consumo, el empleo y los ingresos. La paciencia social no se administra únicamente con explicaciones técnicas.
El ajuste plantea allí su dificultad política más importante. Si el esfuerzo exigido a salarios, presupuestos familiares y actividades productivas no encuentra una compensación visible, comienza a desgastarse la expectativa que lo sostuvo. La promesa de una recuperación futura necesita señales presentes para conservar credibilidad.
Tampoco la oposición tiene asegurado que ese malestar se convierta en respaldo propio. El descontento no produce por sí solo una alternativa. Para reunirlo hacen falta una propuesta reconocible, dirigentes capaces de sostenerla y una explicación convincente sobre qué harían de manera diferente.
La carrera hacia 2027 tendrá negociaciones, cambios de reglas y acuerdos provinciales. Pero el eventual “efecto Milei” dependerá de algo más profundo que una fotografía de unidad o una lista bien negociada. Su alcance estará ligado a la posibilidad de que los ciudadanos reconozcan una mejora en su propia vida.
El Gobierno puede ordenar el calendario. Lo que todavía debe conseguir es que el bolsillo acompañe.

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