El Gobierno actualizó las pautas para elegir jueces del máximo tribunal

El gobierno nacional oficializó este martes una reforma en el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema, del Procurador General, del Defensor General de la Nación y de magistrados federales, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia.

La medida modifica los decretos 222 y 588 de 2003, normas impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner con el objetivo de dotar de mayor transparencia a los nombramientos judiciales y limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la elección de los integrantes de los máximos tribunales.

Hasta ahora, el procedimiento establecía que los antecedentes de los candidatos debían hacerse públicos durante un período determinado para que ciudadanos, entidades profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil pudieran formular observaciones o impugnaciones. Además, los postulantes debían presentar declaraciones juradas patrimoniales e informar sus vínculos profesionales, comerciales y societarios de los últimos años.

Con la nueva normativa, estos mecanismos dejan de ser obligatorios. También se elimina la exigencia de publicar los antecedentes de los candidatos en medios de alcance nacional, quedando la difusión limitada a los canales oficiales del Ministerio de Justicia.

Otro de los cambios relevantes es la supresión de las recomendaciones que instaban al Poder Ejecutivo a considerar criterios de diversidad de género, representación federal y especialización jurídica al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a simplificar procedimientos administrativos y evitar instancias que consideran redundantes. Sin embargo, sectores vinculados al ámbito jurídico y académico señalan que el sistema vigente desde 2003 había incorporado herramientas de participación ciudadana y control público que no existían en etapas anteriores.

Antes de la implementación del decreto 222/03, la selección de jueces para la Corte dependía casi exclusivamente de una decisión política del Poder Ejecutivo y del posterior acuerdo del Senado, sin períodos formales de exposición pública, observaciones ciudadanas ni obligación de transparentar antecedentes patrimoniales y profesionales de los candidatos.

La decisión reabre el debate sobre el equilibrio entre agilidad administrativa y mecanismos de transparencia en uno de los procesos institucionales más sensibles del sistema democrático: la designación de quienes integran los máximos órganos de justicia del país.