El Ejecutivo diseña reformas para flexibilizar sectores clave de la economía
Entre las medidas en análisis figuran la apertura a embarcaciones extranjeras, modificaciones inmobiliarias y nuevas condiciones para créditos.
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El Gobierno Nacional terminó de elaborar un amplio paquete de reformas orientadas a profundizar la desregulación económica, promover la apertura de mercados y reducir costos operativos en distintas actividades. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y, según trascendió desde fuentes oficiales, el texto ya estaría prácticamente concluido y podría ingresar al Congreso en las próximas horas.
El oficialismo busca avanzar con este nuevo esquema luego de obtener media sanción para la denominada Ley Hojarasca y de lograr avances parlamentarios en otros proyectos vinculados a la propiedad privada.
Uno de los aspectos más sensibles del nuevo paquete apunta a modificar el régimen de cabotaje nacional establecido por el decreto-ley 19.492. Actualmente, la normativa reserva el transporte y la navegación entre puertos argentinos exclusivamente para embarcaciones de bandera nacional y tripulación mayoritariamente argentina. La propuesta oficial pretende habilitar la participación de barcos extranjeros en la navegación interior.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida se apoya en el principio constitucional de libre navegación de los ríos interiores y aseguran que la apertura permitirá reducir significativamente los costos logísticos y de transporte, especialmente para productores del norte argentino y de la región mesopotámica.
Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor polémica es que las empresas extranjeras no quedarían alcanzadas por los convenios laborales locales. El Gobierno considera que esa flexibilización ayudará a bajar costos y tarifas, aunque sectores sindicales ya comenzaron a advertir sobre posibles consecuencias para el empleo nacional y el control estratégico de la actividad fluvial.
La iniciativa también incorpora cambios importantes en el sector inmobiliario. Entre ellos, propone eliminar la obligatoriedad de la matriculación para corredores y dejar sin efecto los honorarios mínimos establecidos actualmente. De aprobarse, cualquier persona podría intervenir como intermediaria en operaciones inmobiliarias sin necesidad de acreditar título profesional o matrícula habilitante.
En paralelo, el paquete incluye reformas en el mercado de seguros y en distintos instrumentos financieros con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y facilitar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Mientras el oficialismo termina de definir la estrategia legislativa para el tratamiento parlamentario, distintos sectores opositores ya anticiparon cuestionamientos y alertaron sobre riesgos de precarización laboral y menor protección para consumidores y trabajadores.

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