El directorio de YPF: salarios millonarios, una estructura de 24 integrantes y un rol bajo la lupa

La conducción de la principal petrolera del país está encabezada por Horacio Marín, quien además de presidir el Directorio ejerce la función de presidente y CEO de la compañía. Debajo de esa conducción se encuentra un Directorio integrado por 12 miembros titulares y otros 12 suplentes, conformando una estructura de 24 cargos en el máximo órgano de gobierno de la empresa.
Entre los directores titulares hay representantes del Gobierno nacional, de las provincias accionistas como Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza—, de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía y del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, además de representantes del sector privado.
En ese esquema figuran el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán, quienes comenzaron a percibir honorarios tras dejar sus funciones en el Poder Ejecutivo. En cambio, Manuel Adorni, representante de la Casa Rosada en el directorio, mantiene la práctica habitual de los funcionarios nacionales y renunció a cobrar esa remuneración.

La situación es distinta para Horacio Marín, cuyo ingreso supera ampliamente al del resto de los directores debido a que, además de presidir el Directorio, desempeña funciones ejecutivas como CEO de la compañía, con responsabilidad directa sobre la administración y operación de YPF.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la empresa, la actividad del directorio se limita principalmente a reuniones periódicas para aprobar lineamientos estratégicos, presupuestos y acuerdos de inversión. La dedicación demandaría alrededor de cuatro horas mensuales, mientras que la gestión cotidiana queda en manos de la estructura ejecutiva integrada por vicepresidencias y gerencias especializadas.

La documentación presentada para la Asamblea también señala que durante 2025 los honorarios del Directorio totalizaron $10.849 millones, equivalentes a unos US$ 9,2 millones al tipo de cambio promedio de ese año. Desde la empresa sostienen que las remuneraciones propuestas son “adecuadas y razonables”, aunque los montos volvieron a instalar el debate sobre el costo de los cargos directivos en una sociedad con participación mayoritaria del Estado.