El Congreso levanta el freno a la reforma laboral y advierte un fuerte impacto social

El Gobierno nacional activó el calendario de sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, con la reforma laboral como eje central de la agenda. El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto del Senado entre el 11 y el 12, mientras despliega una estrategia política para reunir apoyos entre distintos bloques.
En ese marco, el oficialismo trabaja para consolidar respaldos en la Cámara Alta, con reuniones previstas con legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes provinciales, en un intento por garantizar los votos necesarios. En paralelo, sindicatos estatales anunciaron medidas de fuerza para la misma fecha en que se retomaría el debate legislativo, anticipando un escenario de tensión social y política.

Desde sectores de la oposición peronista comenzaron a marcar reparos al avance de la iniciativa. Señalan que el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento sin un debate profundo ni instancias de consenso, luego de haber postergado la discusión en diciembre tras reveses parlamentarios en otros proyectos sensibles.

En ese sentido, advierten que no existen razones de urgencia para discutir una reforma de esta magnitud en sesiones extraordinarias y cuestionan la falta de diálogo con trabajadores y empleadores. Según sostienen, el proyecto no apunta a modernizar el sistema laboral sino a recortar derechos y debilitar la organización sindical.

Desde ese espacio alertan además que la iniciativa podría derivar en pérdida de puestos de trabajo y en una mayor precarización de las condiciones laborales existentes, y acusan al Gobierno de priorizar el impacto político de la reforma por sobre la búsqueda de soluciones de fondo para el empleo.