Dura acusación contra la diputada concordiense Liliana Salinas: vinculan su proyecto contra la “Ley de Enganche” con un fallo judicial adverso

La diputada provincial Gladys Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular-La Libertad Avanza y representante del departamento Concordia, quedó involucrada en una fuerte disputa con los trabajadores judiciales luego de impulsar un proyecto para derogar la denominada Ley de Enganche, mecanismo que vincula las remuneraciones del Poder Judicial entrerriano con las actualizaciones salariales del sector a nivel nacional.
El cuestionamiento adquirió dimensión nacional con la intervención de Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quien atribuyó la iniciativa legislativa a una supuesta represalia de Salinas luego de recibir una resolución adversa de la Justicia Civil.
Piumato calificó públicamente el proyecto como una “venganza personal” y sostuvo que quienes ejercen cargos políticos no tienen privilegios frente a las decisiones judiciales. El dirigente expresó además el respaldo de la conducción nacional de UEJN a los trabajadores entrerrianos y reclamó unidad dentro del Poder Judicial provincial.

Un antecedente judicial de interés para Concordia
La controversia tiene una particular repercusión local porque Salinas representa a Concordia en la Cámara de Diputados provincial y el expediente civil mencionado se tramitó en esta jurisdicción.
En diciembre de 2024 trascendió una sentencia relacionada con una propiedad que la legisladora ocupaba desde 2012 y con una deuda por alquileres. Las actuaciones incluyeron el desalojo del inmueble y el embargo de su dieta como diputada, dentro del proceso destinado al cumplimiento de las obligaciones reclamadas.
En ese expediente intervino la Sala Civil y Comercial Nº 1 de la Cámara de Apelaciones de Concordia, que posteriormente dispuso el cese de la rebeldía del codemandado Elbio Aníbal Rodríguez luego de su comparecencia.
Es precisamente la cercanía temporal y la vinculación de ese conflicto judicial con la legisladora lo que utiliza el sindicato para cuestionar políticamente la presentación del proyecto. Se trata, sin embargo, de una acusación formulada por la organización gremial y no de un hecho judicialmente establecido: hasta el momento, no existe en la información disponible una resolución que determine que la iniciativa legislativa haya sido presentada como represalia.

El gremio entrerriano también salió al cruce
Desde UEJN Entre Ríos, su secretaria general, Bibiana Starck, manifestó un “firme rechazo” al proyecto y consideró preocupante que una modificación de semejante alcance sea impulsada después de la confirmación de una sentencia civil adversa a su autora.
El sindicato sostiene que la llamada Ley de Enganche constituye una garantía salarial para los trabajadores judiciales bajo el principio de “igual remuneración por igual trabajo” y anticipó que defenderá su continuidad.
De esta manera, una diputada que representa a Concordia quedó en el centro de una discusión que excede ampliamente aquel expediente judicial local. Por un lado está el debate legislativo sobre la conveniencia o no de mantener el sistema salarial vigente en la Justicia entrerriana; por otro, la grave acusación sindical de que detrás de la iniciativa existiría una motivación personal.
Será ahora la discusión parlamentaria la que deberá separar ambos planos y determinar qué respaldo político encuentra el proyecto de Salinas dentro de la Legislatura entrerriana.