Diputados piden informes sobre el impacto del desmantelamiento del Programa Remediar en Entre Ríos

La diputada provincial Silvia Moreno, junto a las coautoras Lorena Arrozogaray, Silvina Deccó, Yari Demian Seyler y Laura Stratta, presentó un proyecto de pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para que el Ministerio de Salud detalle el impacto de los recortes al Programa Remediar en Entre Ríos desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. 

La iniciativa ingresará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados
El proyecto solicita información en tres ejes: el cronograma y la frecuencia de entrega de botiquines por efector de salud y por departamento; si la provincia debió realizar compras propias para cubrir los medicamentos que el programa dejó de enviar; y cuál será la estrategia sanitaria del gobierno provincial ante el cierre definitivo del Remediar y su reemplazo por una cobertura reducida a solo tres medicamentos cardiovasculares.

Un programa de más de dos décadas, desmantelado
Creado en 2002, el Programa Remediar garantizó durante más de veinte años el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y hospitales de baja complejidad de todo el país. En su mejor momento, el vademécum llegó a contar con cerca de 90 presentaciones, que incluían antibióticos, analgésicos, corticoides, medicación pediátrica y tratamientos para enfermedades crónicas no transmisibles.

Según se fundamenta en el proyecto, desde diciembre de 2023 el programa viene sufriendo un proceso sostenido de desfinanciamiento: reducción del vademécum e irregularidad en las entregas.

El punto de quiebre se produjo el pasado 1° de abril de 2026, cuando el Gobierno Nacional habría dado por finalizado el programa en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), reemplazándolo por una estrategia focalizada únicamente en patologías cardiovasculares

Una doble vulnerabilidad para la provincia
Los legisladores advierten que la situación expone a Entre Ríos a un doble impacto.

Por un lado, sanitario: miles de pacientes quedarían sin tratamiento, lo que podría derivar en el agravamiento de cuadros clínicos y una mayor presión sobre las guardias hospitalarias y los establecimientos de mayor complejidad. Por otro, presupuestario: ante la retirada del Estado nacional, es el Tesoro Provincial quien deberá absorber esos costos en un contexto de caída de la recaudación y menores transferencias de coparticipación.

“El acceso a la salud es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución Provincial y no puede quedar supeditado a metas de ajuste fiscal”, sostiene la autora del proyecto en sus fundamentos.

La iniciativa busca que tanto la Legislatura como la ciudadanía entrerriana conozcan con precisión qué medicamentos dejaron de recibirse, cuánto está costando suplir esa carencia con fondos propios y, fundamentalmente, cuál es el plan de contingencia para que ningún entrerriano se quede sin su medicación esencial.