Lo que parecía una denuncia penal resultó, según su abogado, una maniobra política tan clásica que cualquiera diría que salió del manual de “la casta” que tanto critican.

La acusación surgió de sus propios compañeros libertarios, en su mayoría debutantes en el arte de la rosca, quienes cuestionaron el domicilio legal de la edil.

Según la denuncia, Pessolani habría sido vecina de la localidad de La Criolla al momento de las elecciones y no tendría domicilio en Concordia, lo que —según los denunciantes— implicaría falsificación del padrón electoral.

El abogado de la concejal, Claudio D’Antonio, fue claro al respecto: “Se realizó la denuncia, pero fue desestimada no una, sino dos veces. 
Actualmente no existe ninguna causa penal en contra de Yáiza Pessolani”.

En declaraciones a Concordia Policiales, agregó con algo de sorna: “Los padrones vienen dentro de una urna, todo el mundo lo sabe. No veo cómo se podría cometer ese delito”.

Más allá de lo jurídico, el trasfondo es evidente: un grupo de novatos políticos, que se presentan como paladines de la transparencia, pareciera haber optado por herramientas bastante conocidas para intentar desplazar a una compañera. Como dijo la propia Pessolani, la denuncia podría tener “algún fin político más que otra cosa”.
El episodio deja expuesto que, aunque vengan a romper con “la casta”, los recién llegados parecen estar aprendiendo rápido las viejas costumbres.