Crece la tensión por el futuro del IOSPER: gremios y oposición rechazan la reforma del Gobierno
Uno de cada cinco entrerrianos depende de la obra social provincial, y el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio para quitar la conducción a los trabajadores genera un creciente rechazo. Gremios, empresas y afiliados se alzan contra la intervención, mientras crecen las sospechas de una privatización encubierta. La reforma del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se ha transformado en el epicentro del conflicto político y gremial en la provincia. El proyecto del gobernador Rogelio Frigerio para crear una nueva obra social —que quedaría bajo control del Poder Ejecutivo— disparó el rechazo de sindicatos, sectores políticos y algunos afiliados sienten por ahora que algo está mal, no están autorizando remedios imprescindibles por estos días.
Con una cobertura que alcanza a uno de cada cinco entrerrianos, la magnitud del IOSPER convierte cualquier cambio en su estructura en un tema de alto impacto. En abril, el Gobierno marcó la agenda al denunciar supuestos desmanejos, sueldos millonarios y deudas heredadas de la conducción anterior. Pero en las últimas semanas, el viento comenzó a soplar en contra. Los gremios estatales, con excepción del oficialista UPCN, se manifestaron en la Casa de Gobierno. Desde la oposición comenzaron a alzar la voz advirtiendo sobre el vaciamiento institucional. Empresas entrerrianas denunciaron compras direccionadas a proveedores de Buenos Aires y sobreprecios injustificados. Y lo más grave: los propios afiliados comenzaron a expresar su malestar por la creciente demora en autorizaciones y la caída de la cobertura en medicamentos y tratamientos clave.
En este contexto, se impone la necesidad de abrir una instancia de diálogo amplio, participativo y transparente. El intento del Gobierno por avanzar sin consensos empezó a generar el efecto contrario: resistencia social y política.
El rumor que inquieta: ¿administración privada a la vista?
Entre las voces más críticas comenzó a circular con fuerza una hipótesis que inquieta a muchos sectores: que el verdadero objetivo del Gobierno no es sólo reformar el IOSPER, sino entregarlo a una administradora privada. Incluso, los más informados ya dan nombre y apellido: una empresa vinculada al manejo de mutuales en el país sería la elegida para hacerse cargo del nuevo esquema de gestión.
“Los mal pensados dicen que detrás de este proyecto hay una caja muy grande y un negocio que ya tiene destino”, señalan fuentes sindicales. La falta de claridad en el proyecto de ley, la centralización del poder de decisión en el Ejecutivo y la exclusión de los trabajadores del directorio alimentan estas versiones.
Lo cierto es que el malestar crece y el gobierno provincial comienza a sentir la presión. El rechazo no se limita al plano gremial: incluye reclamos desde el interior, objeciones jurídicas y una creciente inquietud entre quienes dependen diariamente de la cobertura para acceder a tratamientos vitales.
El destino del IOSPER está hoy en disputa. Y en esa disputa, lo que se juega no es sólo un modelo de obra social, sino el principio de gestión solidaria, participativa y provincial que la ha sostenido durante más de cinco décadas.
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