Contrabando y ventas por redes: comerciantes reclamaron controles ante Diputados
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios advirtió que la mercadería ingresada ilegalmente perjudica a las empresas que pagan impuestos y sostienen empleo registrado.
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Aunque disminuyeron los puestos callejeros detectados en Buenos Aires, la entidad señaló que la comercialización informal encuentra espacio en canales digitales.
La competencia entre quienes cumplen las obligaciones fiscales y quienes comercializan mercadería sin controles llegó a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó una fiscalización más eficaz sobre el contrabando, la subfacturación y la venta ilegal, prácticas que describió como un problema estructural para la economía.
La entidad sostuvo que sus consecuencias atraviesan toda la actividad comercial: reducen la recaudación, perjudican al empleo registrado y colocan en desventaja a las empresas que afrontan impuestos, salarios y demás costos de operar dentro de la ley.
Durante la exposición, sus representantes cuestionaron la naturalización de ofertas públicas para ingresar productos al país por fuera de los mecanismos legales. Como ejemplo, mencionaron publicaciones en redes sociales que promocionan contactos y servicios para traer mercadería desde Ciudad del Este.
Según la CAC, esa visibilidad muestra que el problema excede los controles sobre los puntos de venta y exige intervenir también sobre el ingreso, la distribución y la promoción de los productos.
“Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo”, afirmó uno de los directores de la institución. El planteo apuntó a la falta de documentación y trazabilidad que, según explicó, facilita la continuidad de operaciones sin facturación ni tributación.
Menos puestos callejeros, nuevos desafíos digitales
El diagnóstico presentado incluyó datos del relevamiento que la cámara realiza desde 2003 sobre venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En octubre se identificaron 95 puestos, una disminución del 9,5% frente al mes anterior y del 28,6% respecto del mismo período del año pasado. La entidad vinculó esa evolución con los operativos locales de fiscalización, aunque aclaró que la reducción no implica la desaparición del fenómeno.
La CAC advirtió que, a escala nacional, la comercialización irregular también utiliza redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esos espacios pueden facilitar operaciones con mercadería de origen no acreditado y dificultar el seguimiento de la cadena comercial. La utilización de herramientas digitales, por sí misma, no determina la ilegalidad de una venta: el cuestionamiento se dirige a las operaciones que incumplen las exigencias correspondientes.
En ese contexto, la cámara valoró los acuerdos celebrados entre el Gobierno nacional, entidades empresariales y plataformas digitales para intercambiar información y detectar la comercialización irregular de productos sensibles. También pidió profundizar esa cooperación y acompañarla con controles aduaneros eficaces.
Un problema que supera la venta minorista
Como respaldo de su presentación, la institución citó el informe “Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina”, elaborado en octubre de 2026 por la consultora MAP Latam con aportes de la CAC.
De acuerdo con los datos reproducidos en el comunicado, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el ranking de comercio ilícito sectorial de TRACIT y el lugar 16 entre 193 naciones en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados de GI-TOC. Se trata de indicadores diferentes, que la entidad utilizó para dimensionar distintas expresiones del problema.
El reclamo empresarial apunta a recuperar condiciones de competencia leal. Para la CAC, el control debe abarcar desde el ingreso de la mercadería hasta su comercialización final, evitando que el incumplimiento de las obligaciones se convierta en una ventaja frente a los negocios formalmente establecidos.

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