Comedores de Concordia: Educación deberá evaluar un sumario a Silvina Soledad Murua
La investigación provincial atribuyó irregularidades administrativas a la excoordinadora, tras detectar diferencias por $103,7 millones en 37 establecimientos.
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Su continuidad como docente abre una nueva instancia ante el CGE, mientras las eventuales responsabilidades penales se investigan por separado.
El expediente sobre el manejo de los comedores escolares de Concordia cambia de ámbito, pero mantiene abiertas sus consecuencias. Tras concluir la información sumaria, el Gobierno provincial remitió las actuaciones al Consejo General de Educación para que determine si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario a Silvina Soledad Murua, excoordinadora departamental del área.
La decisión, formalizada mediante el decreto Nº 3469, coloca al organismo educativo ante una definición: examinar las pruebas reunidas y establecer qué medidas pueden corresponder bajo el régimen docente. Murua dejó de ocupar su cargo político en el Ministerio de Desarrollo Humano, pero conserva un vínculo laboral con el Estado provincial a través del CGE.
El origen del caso fue una auditoría que detectó diferencias presupuestarias por $103.738.136 en 37 comedores escolares, correspondientes a marzo y abril de 2025.
El procedimiento administrativo buscó reconstruir cómo se gestionaban las compras en los proveedores identificados en las actuaciones, “Ahora voy”, “Autoservicio Joaquín” y “Flores Sandra”, además de detectar quiénes intervenían en las rendiciones y qué controles se ejercían sobre los recursos destinados a la alimentación de los alumnos.
Según las conclusiones de Fiscalía de Estado recogidas en el decreto, Murua habría conocido advertencias sobre sobreprecios e irregularidades sin adoptar respuestas eficaces ni comunicarlas a sus superiores.
También se le atribuyó intervención en la orientación de compras hacia determinados comercios, instrucciones sobre la elaboración de rendiciones y concentración de tareas sensibles en familiares y personas de confianza.
Uno de los aspectos relevantes del expediente excede las conductas individuales. Fiscalía de Estado describió un sistema de control precario y vulnerable, cuyas debilidades habrían sido aprovechadas durante la gestión investigada. El señalamiento pone bajo examen tanto las decisiones de quienes administraban el área como la capacidad de los mecanismos estatales para detectar y frenar irregularidades.
Existe un antecedente que aporta contexto a esa discusión. En agosto de 2024, la Provincia había presentado un sistema digital de administración de comedores escolares, destinado a mejorar la eficiencia y la transparencia.
Entre sus funciones anunciadas figuraban la carga de menús e ingredientes, el registro de asistencia y el envío inmediato de informes de supervisión. Ese anuncio no permite establecer qué grado de implementación tuvo la herramienta en los establecimientos investigados, pero incorpora una pregunta relevante sobre el funcionamiento efectivo de los controles.
Para elaborar sus conclusiones, la instrucción reunió documentación de la Dirección de Comedores, el Consejo General de Educación, Sidecreer, proveedores, dependencias provinciales y la Municipalidad de Concordia. También incorporó testimonios y elementos remitidos por la Unidad Fiscal local en el marco del legajo Nº 7046/25, relacionado con una investigación por presunto peculado.
La etapa de instrucción fue clausurada el 10 de agosto de 2026. Luego se elaboraron el informe final y el dictamen jurídico que sustentaron la resolución del Poder Ejecutivo.
La salida de Murua de la coordinación explica por qué el decreto no le impuso directamente una sanción. Fiscalía de Estado consideró que, al haber cesado en aquel cargo fuera del escalafón, no correspondía sancionarla en ese ámbito bajo el régimen general del empleo público. Su condición docente, en cambio, motivó la remisión del expediente a Educación. El CGE todavía debe evaluar si procede abrir el sumario, previa intervención de su área jurídica.
Respecto de otras personas señaladas como integrantes del entorno de la excoordinadora, el expediente indicó que no registraban cargos activos en la administración provincial ni municipal, por lo que no existía potestad disciplinaria administrativa sobre ellas.
El cierre de la información sumaria deja así dos vías diferenciadas: la evaluación disciplinaria que deberá realizar Educación y la investigación judicial sobre el manejo de los fondos. Para los comedores involucrados, queda además una cuestión central: que los recursos asignados puedan seguirse documentalmente desde su acreditación hasta los alimentos que reciben los estudiantes.

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