Cedro cuestionó la política de contratos del municipio y pidió reglas claras para el empleo público

Cedro señaló que la medida genera un fuerte impacto social, al dejar a numerosas familias sin ingresos, y advirtió sobre la falta de explicaciones claras respecto de los criterios utilizados para definir las bajas. En ese marco, sostuvo que la administración pública debe actuar con mayor sensibilidad social y transparencia, especialmente cuando se trata de trabajadores que venían cumpliendo funciones en distintas áreas municipales.
El edil también cuestionó que no se haya comunicado si existieron evaluaciones de desempeño previas ni fundamentos técnicos que respalden las decisiones adoptadas. A su entender, la gestión municipal debería evitar que los ajustes recaigan exclusivamente sobre los trabajadores, en particular en áreas operativas y de servicios.
Desde una mirada política más amplia, Cedro consideró que este escenario expone debilidades en la gestión actual y planteó la necesidad de construir, hacia adelante, una alternativa que convoque a distintos sectores sociales y políticos de Concordia, con el objetivo de ofrecer un rumbo diferente para la ciudad.

El marco legal y la responsabilidad del Estado
Desde el punto de vista periodístico, cabe señalar que los empleados cuyos contratos no fueron renovados cumplieron el plazo que establecían sus vínculos contractuales, por lo que la finalización se encuadra formalmente dentro de la normativa vigente. Sin embargo, el aspecto más cuestionable de la situación radica en que muchos de esos trabajadores continuaron desempeñándose durante períodos prolongados, superando los tiempos previstos por la ley para las contrataciones temporarias.
La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos establece que los contratos deben ser excepcionales, transitorios y limitados en el tiempo, destinados a tareas específicas. Cuando esas funciones se vuelven permanentes y se sostienen mediante renovaciones sucesivas, el propio espíritu de la norma indica que corresponde avanzar en la regularización del trabajador, a fin de evitar la precariedad laboral dentro del Estado.
Al no haberse producido ese pase a planta en su debido momento, el Estado municipal mantuvo durante años una situación de inestabilidad que hoy deriva en un conflicto social evitable.

Contratos, rotación y falta de empleo
Otro elemento que surge del análisis es que, en una ciudad con poca oferta laboral, los contratos temporarios también cumplen históricamente un rol de rotación, permitiendo que distintas personas accedan, aunque sea de manera transitoria, a un ingreso. Para muchos vecinos, estos contratos representan lo que popularmente se conoce como “unas changas”, que, además de generar un sustento, aportan a la comunidad y al funcionamiento del municipio.
La ausencia de una política clara de empleo público, con reglas previsibles y respeto por los plazos legales, termina afectando tanto a quienes pierden su contrato como a quienes desde hace años esperan una oportunidad laboral.
Finalmente, Cedro expresó su acompañamiento a los trabajadores afectados y manifestó su disposición a colaborar junto a los sindicatos y organizaciones gremiales. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en agenda una discusión de fondo: la necesidad de ordenar el empleo municipal, terminar con la precarización y garantizar decisiones que contemplen no solo la legalidad, sino también el impacto social.