Buscan reforzar controles en las contrataciones del Estado entrerriano

El diputado provincial Enrique Cresto presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de contrataciones públicas de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en las compras y contrataciones del Estado.
La iniciativa, acompañada por las diputadas Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Silvina Decco, Silvia Moreno y Andrea Zoff, y el diputado Yari Seyler, establece como requisito obligatorio que las empresas que aspiren a contratar con el Estado provincial acrediten al menos dos años de actividad efectiva y comprobable en el rubro específico para el que se presentan. La exigencia alcanza a licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y compras directas.

En los fundamentos, el proyecto advierte que la medida busca evitar situaciones recientes en las que “empresas creadas poco tiempo antes fueron contratadas sin trayectoria ni capacidad técnica comprobada”, lo que vulnera principios de igualdad, publicidad, eficiencia, legalidad y responsabilidad en la administración pública.

Sin embargo, el texto contempla excepciones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con domicilio fiscal en Entre Ríos y para aquellas personas o empresas cuya producción o servicios se realicen íntegramente en la provincia.

La acreditación de la antigüedad podrá realizarse mediante contratos anteriores con sectores público o privado, facturación de los últimos dos años, certificaciones de organismos oficiales, gremios o cámaras del sector, o declaraciones juradas respaldadas por documentación contable y registros fiscales.

Por último, la propuesta prevé que la Unidad Central de Contrataciones y el Tribunal de Cuentas sean responsables de auditar el cumplimiento de la norma, debiendo publicar un informe anual con datos sobre los proveedores contratados, su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos.