Allanamiento a un militante social en Concordia por presuntas amenazas

De acuerdo a la información oficial, la medida se originó en publicaciones realizadas en redes sociales, que fueron consideradas amenazantes por funcionarios del Ejecutivo local. A partir de esa presentación, la Justicia dispuso el allanamiento con el fin de recolectar elementos vinculados a la causa.
Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad, que quedaron a disposición del juzgado interviniente para su análisis y peritaje. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y con presencia policial en el lugar.

José María “Chelo” Lima es un dirigente social conocido en la ciudad por su participación en reclamos sociales y por su postura crítica frente a distintas decisiones del gobierno local, especialmente en cuestiones vinculadas a despidos, políticas de ajuste y gestión pública. El hecho generó repercusiones en distintos sectores de la comunidad, que siguen con atención el avance de la causa judicial.

“Chelo” se hizo conocido a fines de los años 90 y comienzos de los 2000 como referente de movimientos de desocupados. Su nombre tomó repercusión nacional en el año 2000 por el episodio del llamado “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena difundida por televisión que simulaba la aparición de un grupo insurgente. Por ese hecho fue investigado judicialmente, aunque luego resultó sobreseído.

Al trascender el hecho —especialmente en redes sociales— se generó un fuerte debate público. Muchas personas expresaron su respaldo a que el Francisco Azcué judicialice situaciones que considere amenazas o expresiones fuera de lugar.
En ese marco, se planteó que existe una creciente conciencia social sobre los límites de lo que se publica en internet: la idea de que “las redes aguantan todo” —permitiendo denigrar, mentir o acusar sin consecuencias— empieza a ser cuestionada. Si bien se reconoce que en la legislación argentina aún faltan herramientas específicas para una protección integral en el ámbito digital, también se remarca que quienes tienen formación jurídica conocen hasta dónde pueden llegar las normas vigentes en materia de delitos informáticos y responsabilidad en entornos cibernéticos.