Una larga lucha

1) Usos domésticos y sanitarios (agua corriente).

2) Navegación.

3) Riego

4) Producción de energía eléctrica.

Los tres primeros no se cumplieron: no se construyó nunca el proyectado Canal que permitiría navegar el río aguas arriba de la represa.

Tampoco se hicieron, y ni siquiera, hasta donde sabemos, se proyectaron, las obras necesarias de riego (100.000 hectáreas) y agua corriente para las poblaciones aledañas.

Respecto al único de los objetivos relativamente cumplidos- la generación de energía- , el hecho es que, pese a encontrarnos a pocos kilómetros de una de las presas hidroeléctricas más importantes de Sudamérica, que abastece la totalidad del consumo de Uruguay, y entre el 15 o 20% de Argentina, nuestra región continúa pagando tarifas sustancialmente más caras que otros lugares del país, entre ellos la propia Buenos Aires.

Tratando de corregir en parte tal distorsión cuando me desempeñé como diputado por Entre Ríos (1983/1991), junto a otros legisladores, propusimos y obtuvimos un aumento en el porcentaje de regalías a pagarse a la provincia: del 5 al 12% del importe que resulte de la venta de energía en bloque.

Aunque, en su momento se lo registró como un logro importante, a poco andar resultó insuficiente.

Porque, en definitiva, no quedaba del todo claro el procedimiento por el cual se determinaba el precio de la energía y, por ende, el porcentaje de esas regalías que se pagaba a la Provincia.

En la época de Menem,-años 90- al calor de la “ola privatizadora” en auge entonces, se planteó la posibilidad de traspasar Salto Grande a manos de empresas privadas.

Como se recuerda, se gestó en Concordia y la zona, un importante movimiento de protesta contra tal iniciativa.

Se canalizó a través de una consulta popular que se llevó a cabo en Concordia y otros varios municipios el 14 de mayo de 1995: el resultado fue un rotundo NO al intento privatizador.

No obstante, se dio la paradoja que, como coincidió con la elección de Presidente, ese mismo pueblo que se opuso a la entrega de Salto Grande, respaldó mayoritariamente a los gobernantes que enarbolaban tales planes.

Quienes, como es obvio, siguieron adelante como si nada ocurriera.

Ante tal perspectiva, surgió la idea ¿por qué si es posible privatizar total o parcialmente el emprendimiento no sería factible, como alternativa válida, transferirlo a la provincia?

En tal circunstancia algunos legisladores entrerrianos, representantes de los partidos mayoritarios –justicialismo y radicalismo- en especial los senadores Héctor Maya y Alcides López (este último-fallecido- me invitó gentilmente a colaborar) presentaron un proyecto en tal sentido.

Que se plasmó en el dictado por el Congreso Nacional de la ley 24.909, que fue vetada en su totalidad por el presidente Menem (Dec. 1353/97).

Como transacción al entuerto , finalmente las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, firmaron un acuerdo el 5/2/1998, ratificado por el Congreso Nacional , ley 24.954: de los excedentes derivados del complejo hidroeléctrico de Salto Grande el 67,5 % corresponde a Entre Ríos, el 27,5 % a Corrientes y el 5 % a Misiones.

Todos estos pasos, aunque significaran avance en su momento, a la larga han resultado escasos: entre otras cosas, porque se mantiene vigente la prohibición a “la parte argentina de los entes binacionales” (art. 35 inc. a) ley 24.065, respecto a la venta de la energía “a precio de mercado”.

Esto es: no se termina de clarificar el “precio” de la energía generada, lo cual incide en que el monto de los excedentes que se liquida a las Provincias termina por ser sustancialmente menor al que correspondería.

A todo ello hay que agregar los impuestos excesivos que se cargan a la tarifa, tales como el IVA e incluso tributos provinciales y tasas municipales que encarecen la factura que pagan los usuarios.

Para no mencionar que, aunque la energía se produce aquí, se manda a una central nacional, de donde vuelve a nosotros, que tenemos que pagar el transporte.

Un reciente proyecto aprobado recientemente por la Comisión de Energía del Senado de la Nación, emanado del Senador Edgardo Kueider tiende a corregir estas y otras deficiencias, que impiden que nuestra región se beneficie con una tarifa eléctrica menor para el usuario residencial y de promoción para industrias y actividades productivas.

No interesa el especial contexto político que pueda haber motivado o acelerado el tratamiento del proyecto: lo realmente importante es que, más allá de los eventuales defectos de técnica que pueda adolecer la iniciativa, que pueden ser fácilmente corregidos al tratarse en el pleno legislativo, se trata de un paso trascendente en aras de cristalizar positivamente un anhelo largamente reclamado por nuestros pueblos: contar con una tarifa de consumo eléctrico reducida para usuarios particulares, y promocional que facilite la instalación de industrias, con la creación de puestos de trabajo, tan necesario en la afligente situación social de nuestra ciudad y aledaños.

Más allá de las diferencias y enfoques partidarios, estimo que, en especial, los distintos legisladores que representan nuestra Provincia, debieran ocuparse en hacer que el tema avance en su tratamiento y aprobación, y no, como ya ha ocurrido con otros proyectos ambiciosos, quede cajoneado en algún archivo.

Va siendo hora que Salto Grande, empiece a devolver, traducido en beneficios concretos, el esfuerzo y la expectativa que en Concordia y la región despertó en su momento la magna obra.

BERNARDO I.SALDUNA

M.I.N° 5.834.041

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El Heraldo