Presupuesto 2027: entre el equilibrio fiscal y el desafío de volver a crecer
El Presupuesto Nacional no es solamente una extensa planilla de ingresos y gastos. Es, probablemente, la expresión económica más importante de un gobierno: allí se define cuánto espera recaudar, en qué piensa gastar, qué prioridades establece y, sobre todo, sobre qué escenario imagina que funcionará la economía. Por eso, un buen presupuesto no debe limitarse a cerrar matemáticamente. Tiene que ser, además, razonablemente creíble.
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El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 mantiene con claridad el eje que el Gobierno viene sosteniendo desde fines de 2023: equilibrio fiscal, restricción del financiamiento monetario del Tesoro, administración del frente cambiario y un Estado nacional de menor tamaño relativo.
La meta fiscal vuelve a ocupar el centro del programa. Para la Administración Nacional se proyecta un superávit primario cercano al 1,1% del PBI y también un resultado financiero positivo. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, preservar el equilibrio fiscal es una condición importante: reduce la necesidad de emisión para financiar al Tesoro, limita el crecimiento de la deuda originada en déficits recurrentes y contribuye a la previsibilidad.
Pero el presupuesto se construye sobre supuestos. Y allí comienza la discusión más interesante. Para 2027 el Gobierno proyecta un crecimiento real del PBI del 4%, una inflación de diciembre contra diciembre del 18% y un dólar oficial de $1.847,6 al finalizar el año. A su vez, el propio proyecto estima un crecimiento del 3% y una inflación del 29% para 2026. Es decir, supone que el año próximo la economía acelerará su crecimiento mientras la inflación volverá a reducirse de manera considerable.
Cada uno de estos supuestos podría resultar alcanzable si se lo analiza de manera aislada. La verdadera cuestión, sin embargo, es si todos pueden cumplirse simultáneamente. Lograr que la economía crezca un 4%, mientras la inflación desciende al 18%, se mantiene el superávit fiscal y el tipo de cambio aumenta por debajo del nivel general de precios exige una combinación particularmente favorable de crecimiento, inversión, consumo, expectativas y estabilidad cambiaria. El desafío del Presupuesto 2027 no está, entonces, solamente en la razonabilidad individual de cada proyección, sino en la consistencia del escenario macroeconómico completo sobre el cual fueron calculados los ingresos y los gastos del Estado.
No son metas imposibles. Pero sí son exigentes. Y lo son todavía más porque 2027 será un año electoral. La experiencia argentina demuestra que los procesos electorales suelen aumentar la incertidumbre, postergar algunas decisiones de inversión y elevar la sensibilidad sobre el dólar y las expectativas de inflación.
No significa que necesariamente deba producirse una crisis cambiaria o inflacionaria; significa que el margen de error de las proyecciones debería ser contemplado con especial prudencia.
Además, el punto de partida de 2026 obliga a moderar el entusiasmo. El PBI del segundo trimestre creció 2% frente al mismo período del año anterior, pero cayó 0,6% respecto del trimestre previo en términos desestacionalizados. En julio, el estimador mensual de actividad económica volvió a mostrar una caída, mientras industria, construcción y algunos indicadores de consumo presentaron debilidad.
Las ventas reales de supermercados, por ejemplo, acumulaban una reducción durante los primeros siete meses del año. La economía no está detenida, pero tampoco muestra todavía una expansión suficientemente sólida y generalizada como para considerar asegurado un crecimiento del 4% en 2027.
Este punto es fundamental porque las variables macroeconómicas no son decorativas. Si la economía crece menos de lo previsto, la recaudación puede ser menor. Si la inflación supera el 18%, cambian los gastos indexados y las partidas que permanecen nominalmente fijas pierden poder de compra. Si el tipo de cambio aumenta más que el 15,5% implícito en el proyecto, aparecen efectos sobre precios, subsidios, deuda y costos del propio Estado. El presupuesto puede conservar el objetivo de equilibrio fiscal, pero para hacerlo probablemente deba modificar durante el año la composición o el nivel real del gasto.
Por eso hubiera sido particularmente útil que el Proyecto 2027 incorporara escenarios de sensibilidad. No alcanza con saber qué ocurrirá si todo sucede como está previsto. También sería conveniente conocer qué pasaría con las cuentas públicas si la inflación terminara, por ejemplo, en 25% en lugar de 18%; si la economía creciera 2% en vez de 4%; o si el dólar finalizara por encima de lo presupuestado. En un país con la volatilidad histórica de la Argentina, presupuestar escenarios alternativos no es pesimismo: es mejorar la calidad de la planificación.
El gasto público muestra, al mismo tiempo, algunos cambios que deben reconocerse. El proyecto no plantea una reducción uniforme de todas las partidas respecto de 2026. Hay recomposiciones reales en determinadas prestaciones sociales y áreas del Estado. El problema aparece cuando la comparación se extiende hasta 2023. Educación, ciencia y tecnología, infraestructura y otras funciones estratégicas continúan en varios casos por debajo de aquellos niveles reales, aun cuando mejoren respecto del piso alcanzado después del ajuste.
La obra pública merece un capítulo especial. La inversión nacional continúa en niveles reducidos y el modelo apuesta a una mayor participación privada, concesiones y transferencia de responsabilidades. La participación privada es necesaria y puede ser muy eficiente allí donde existe una rentabilidad económica capaz de financiar el proyecto. Pero no toda obra pública tiene esa característica. Un camino secundario, una obra hídrica, un sistema de saneamiento, una escuela o determinada infraestructura urbana pueden tener una enorme rentabilidad social y, al mismo tiempo, una rentabilidad privada insuficiente para atraer capital. Pretender que el mercado sustituya integralmente al Estado en esos casos puede significar, sencillamente, que esas obras no se realicen.
A esto se agrega una discusión que la Argentina posterga desde hace décadas: el federalismo fiscal. En los últimos años se transfirieron o redujeron funciones nacionales que terminaron recayendo sobre provincias y municipios, pero esa descentralización de responsabilidades no siempre estuvo acompañada por una descentralización equivalente y permanente de recursos.
El problema no es solamente quién ejecuta una política, sino quién la financia. Transferir una función sin los recursos correspondientes no reduce necesariamente el gasto público consolidado: muchas veces solamente cambia el nivel de gobierno que debe afrontarlo.
También debe analizarse con cuidado la apuesta a que el sector privado sea el gran motor del crecimiento. El razonamiento oficial es comprensible: estabilizadas las cuentas públicas, reducida la inflación y mejoradas las reglas económicas, deberían aumentar la confianza, la inversión y el consumo.
Sin embargo, esa transmisión no es automática. Una empresa no invierte solamente porque exista equilibrio fiscal; invierte cuando, además, espera vender más, encuentra financiamiento, percibe reglas sostenibles y considera rentable inmovilizar capital durante varios años. Y una familia no aumenta su consumo únicamente porque baje la inflación; lo hace cuando mejora su ingreso disponible y tiene confianza sobre su empleo y su futuro.
Ésa es quizás la principal incógnita que deja el Presupuesto 2027. El Gobierno ha demostrado que coloca el equilibrio fiscal como una restricción central y ha conseguido avances importantes en materia de estabilización. Pero el desafío que comienza ahora es diferente: transformar esa estabilidad en inversión productiva, empleo formal, aumento sostenido del consumo y crecimiento. El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para conseguirlo, pero por sí solo no lo garantiza.
Por eso, más que discutir si el Presupuesto 2027 es optimista o pesimista, deberíamos preguntarnos si es suficientemente realista. Un presupuesto serio debería preservar la disciplina fiscal, pero también contemplar márgenes de contingencia; recuperar gradualmente la inversión pública que tenga alta rentabilidad social; fortalecer educación, ciencia, tecnología y capital humano; avanzar hacia un federalismo en el que las funciones transferidas tengan recursos asociados; y establecer mecanismos claros para actuar cuando las variables reales se aparten de las previstas.
Después de varios años en los que la discusión económica argentina estuvo dominada por el déficit y la inflación, alcanzar mayor orden macroeconómico es un avance relevante. Pero no debería confundirse el instrumento con el objetivo final. El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, del mismo modo que tampoco lo es una determinada tasa de inflación o un determinado valor del dólar. Son condiciones que deberían permitir construir una economía más estable y previsible.
La verdadera prueba del Presupuesto 2027 será, entonces, mucho más sencilla de entender para cualquier ciudadano que sus cientos de planillas: si dentro de un año la Argentina tiene más inversión, más empresas produciendo, más empleo privado formal, mejores ingresos reales y una economía capaz de crecer sin volver a desequilibrarse. Porque un presupuesto puede cerrar perfectamente en una planilla y, sin embargo, quedar lejos de la realidad. La calidad de las finanzas públicas consiste precisamente en evitar esa distancia.
Especialista en Finanzas Públicas
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