En la primera parte de este artículo presentamos las líneas de pensamiento y el primer movimiento de implementación de lo que denominamos el modelo anglo-argentino de ajuste estructural (“Caputazo”). En la segunda parte, repasamos medidas y ganadores del
“Decretazo” (DNU 70/2023). Aquí cerraremos con la “desregulación a carpeta abierta”, centro de las negociaciones parlamentarias del presente.
El tercer movimiento de la implementación del modelo anglo-argentino es lo que podríamos denominar como “desregulación a carpeta abierta” o “Ley ómnibus”.
El mismo evidencia una profundización de las líneas de pensamiento dogmático y de acción sostenidas hasta aquí. Las supuestas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” inician con la enunciación de la emergencia pública económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, solicitando la sesión de “facultades legislativas” al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 31 de diciembre de 2025. Jaque la división de poderes.
La “Ley ómnibus” también da continuidad a las medidas anteriores avanzando con la privatización de una cuarentena de empresas públicas bajo el dogma de la mayor eficiencia privada.
La carga pública que significarían actualmente, no discrimina empresa por empresa y las deja a todas prestas a su liquidación.
La ley propuesta también opera sobre la Deuda pública y propone acciones de crédito para su reestructuración, nuevamente exigiendo facultades extraordinarias para el PEN en procesos de renegociación a cualquier tasa.
El tercer movimiento impone cambios al régimen político y social. Con respecto al sistema político, se eliminan las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y se avanza en la constitución de un sistema electoral con circunscripciones uninominales.
Con respecto a la protesta social, ya restringida en el DNU para gran cantidad de sectores, ahora se la penaliza particularmente cuando suponga la interrupción de vías de transporte.
Con respecto a la Justicia Federal, la ley impone el juicio por jurados.
Las reformas también recaen en los derechos de cuarta generación, ya que al referirse a la salud materno-infantil reincorpora la figura de “los niños desde el momento de su concepción”, yendo en detrimento de leyes ampliamente debatidas por la sociedad como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Nuevamente, la vulneración de las seguridades jurídicas se realiza simplemente obviando la legislación con la que el oficialismo caprichosamente no acuerda.
En materia educativa se promueven exámenes de egreso para el nivel secundario problematizando el proceso y la gradualidad del sistema; se imponen las discutidas pruebas educativas estandarizadas y la evaluación docente para todo el sistema.
En el nivel superior se propone el arancelamiento universitario para personas de origen extranjero que no tengan residencia formal en el país, abriendo una preocupante caja de Pandora.
En el tema previsional, la ley propone el traslado de las atribuciones para aumentos de las jubilaciones y pensiones del legislativo al ejecutivo, con la derogación de las fórmulas de aumento jubilatorio.
Esta parte de la ley no deja ninguna seguridad sobre fórmulas alternativas o pisos mínimos para los haberes jubilatorios en un contexto de alta inflación y precios desregulados.
Todo ello en el marco fuerte devaluación (de escritorio) con miras exclusivamente macroeconómicas y ganadores solo entre los grandes exportadores.
La articulación interna de los tres movimientos se profundiza hasta los más mínimos aspectos.
La ley reestructura la publicidad de los actos públicos, dando continuidad a lo expuesto en el primer movimiento (“Caputazo”).
También demuestra puntos de contacto con el DNU 70/2023, otorgando facultades al PEN para reestructurar las regulaciones a establecimientos de faena animal, de almacenado, entre otros.
Acometiendo el cierre de las tres entregas del presente escrito, surgen dudas de procedimiento y de fondo con respecto a los movimientos del Gobierno y su “modelo anglo-argentino”. Con la legitimidad de una elección ganada en segunda vuelta, el Poder Ejecutivo pide delegación de facultades legislativas, poderes extraordinarios y manifiesta pretensiones refundacionales.
En fin, grita a los cuatro vientos “El Mitrismo o el abismo”. Como solía decir un catedrático de Teoría Política y Jurídica de mi querida alma mater: “la democracia es una revolución institucionalizada”.
Como tal es cierto que permite grandes cambios estructurales; solo hay que jugar con unas reglas que suelen imponer mayorías agravadas para esos cambios.
Por un lado, requiere imponerse como mayoría en el ejecutivo, pero también en el legislativo para cualquier gran transformación.
Por otro lado, el proceso electoral a mediano plazo impone secuencialidad/gradualidad para alcanzar dichas mayorías parlamentarias.
Finalmente, importa atender a la estructura y distribución de los bloques legislativos y las comisiones parlamentarias.
Con respecto a las cuestiones de fondo, surgen preguntas que el proceso hasta aquí no ha respondido:
¿Cómo se evita la concentración territorial de la infraestructura con un sistema basado solo en inversión privada? ¿Cómo realizar reformas estructurales ortodoxas en un contexto de alto nivel histórico de precarización, informalidad, bajos salarios y jubilaciones? O si se lo hace, ¿cómo evitar romper la única variable buena del contexto (la tasa de empleo)?
¿Cuál es el beneficio de mercado de desorganizar los parámetros de calidad de específicos sectores económicos (turismo, farmacia, depósito de comestibles)?
En término territoriales ¿Cómo sostener sin regulaciones el equilibrio federal del desarrollo?
Un objetivo compartido por gran parte de arco político que sí aparece en la “Ley Ómnibus” es la digitalización y desburocratización de procedimientos administrativos, principalmente en materia fiscal y crediticia. Más allá de estas cuestiones puntuales, ¿dónde está la propuesta real para la Reforma del Estado para el bien común?
Si el Estado es lento ¿Qué disposiciones se orientan a agilizar la Administración Pública Nacional (APN)?
Si es improductivo ¿Cuáles son las estrategias de captura de cerebros, de innovación o de adiestramiento para la gestión?
Si es ineficiente ¿Dónde están descriptas las capacidades estatales a fortalecer?
Si es territorialmente desigual ¿Cuáles son las propuestas de articulación entre los niveles federales de Estado?
Al momento del cierre de este escrito, la viabilidad política (contenido) de estas reformas parece hacerse posible por la hipotética coalición de derechas entre LLA, los remanentes de Juntos por el Cambio y el siempre amorfo Peronismo Federal en el Congreso, como hemos dicho en artículos anteriores.
Esta supuesta holgura en los acuerdos de fondo de la virtual coalición de derechas, permite al Vocero del Presidente referir al debate parlamentario como un escollo para las reformas, al Jefe de Gabinete argumentar desde la supuesta legitimidad del presidencialismo argentino tantas veces vituperado, y al Procurador del Tesoro sostener sin ambages que la crisis pone en pausa los procedimientos constitucionales. Frente a esta horadación de las instituciones que regulan la vida en sociedad, debe imponerse uno de los primeros principios del liberalismo: la forma es el fondo. Sobre todo, en momentos que las formas republicanas de gobierno aparecen como el único dique frente a basta desorganización de lo nacional.
