La modernización laboral no sólo es necesaria: es imprescindible
Uno de los temas más controvertidos por estos días en nuestro país es el de las modificaciones al régimen laboral que establece el DNU 70/2023. La voz de la dirigencia PYME, no puede ni debe estar ausente del debate.
Nuestro país tiene una necesidad única de incluir socialmente. Hay gente que piensa que para lograr este objetivo es necesario repartir subsidios, prebendas y planes y hay quienes pensamos que es desde la producción y el trabajo. Para que haya producción y trabajo, necesitamos empresas.
Las PYMES son las mayores generadoras de empleo: el 99,3 % de las empresas empleadoras de Argentina, son micro, pequeñas y medianas empresas.
Según la Fundación Observatorio PYME, en 2018 Argentina tenía entre 14 y 20 empresas cada mil habitantes; Brasil, 25; México, 34; Chile, 58; Corea del Sur, 66; y Australia, 88. El mismo informe en 2021 indicó que Argentina tenía 12 empresas; Brasil, 22; Chile, 67; y Australia, 100 además de señalar que hubo "una disminución del 10 % de la cantidad de empresas registradas durante la última década" en el país, y que esto "termina de configurar en la Argentina una situación de muy bajo stock de empresas, comparado con diferentes países de distintos niveles de desarrollo y distintas regiones del planeta".
Esta realidad puede ser atribuida a varios factores, entre los cuales podemos identificar el sistema tributario, la falta de financiamiento y una conflictividad laboral creciente.
Hace ya varias décadas que desde la dirigencia gremial empresaria, sobre todo aquella que representa a las PYMES, venimos reclamando modificaciones y actualizaciones al actual régimen laboral. Estas modificaciones son cada vez más necesarias a medida que avanza el siglo XXI en un mundo donde no sólo debemos competir contra las necesidades de un mercado cada vez más difícil, cambiante y sofisticado sino también comprender y abarcar las nuevas dinámicas de las relaciones laborales que se establecen entre individuos con pensamientos, filosofías y necesidades distintas a las de nuestros abuelos.
Lamentablemente la política de nuestro país no ha estado a la altura de las circunstancias, transformando al régimen laboral actual en una "escritura sagrada" a la cual no se la puede siquiera cuestionar bajo pena de ser considerado blasfemo promotor de la explotación laboral. Y esto no ha resultado gratis: en los últimos 12 años solo el 7,2 % de los nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector privado asalariado y el número total de los mismos apenas superan los 6,5 millones, cantidad prácticamente idéntica que a fines de los '70, cuando la población era un 45% inferior a la actual.
Por otra parte tenemos que en esos mismos 12 años el 33,6% de los empleos creados fueron informales (en negro), un 33,9% de monotributo y monotributo social y un 25,3% de empleos públicos (E. Domeq), éstos últimos con prerrogativas tales como "contrataciones con y sin aportes", algo sólo permitido al Estado en sus diversos niveles, contrario a la actual Ley de Contrato de Trabajo y causal de multas y demás penalidades que a cualquier empleador privado le puede costar buena parte o la totalidad de su patrimonio.
El mercado laboral argentino ya está flexibilizado de hecho, ajustado con informalidad, precariedad laboral y caída del salario real.
La Justicia entrerriana no informa estadísticas que demuestren o desmientan lo que como dirigente gremial escucho de los empresarios locales: la creciente conflictividad laboral, abuso de multas como recurso para aumentar exponencialmente las indemnizaciones y un sistema creado y perfeccionado para dañar de muerte al sistema productivo.
Sin estadísticas oficiales, es un secreto a voces que Concordia es la ciudad de mayor conflictividad laboral de la provincia y no desde hace poco tiempo sino desde décadas. Según un relevamiento del CCISC en 2021 el 53,9 % de las empresas ha sufrido alguna vez juicios laborales, siendo la resolución de los mismos un 34,8 % fallo judicial a favor del empleado, 23,9% arreglo extra judicial, 17,4% arreglo judicial, 15,2% aún sin resolución y apenas el 6,5% fallo a favor del empleador.
Entiendo que quizás el método de cambiar la legislación laboral por DNU no sea el ideal, pero también debemos comprender que desde el retorno de la democracia han fracasado todos y cada uno de los intentos por modificar esta legislación. Y esto no sólo es atribuible a un sector de la política o del sindicalismo: también parte de la dirigencia empresaria ha sido artífice del fracaso.
Días atrás el economista Gustavo Lazzari dijo en el Congreso Nacional que nadie crea una empresa pensando en echar gente, sino todo lo contrario: la intención debería ser la de crear la mayor cantidad de puestos de trabajo posible, ya que eso significa que la empresa crece.
Hoy día, lo que cualquier empresario aspira es a sostener su empresa o emprendimiento con la menor cantidad de trabajadores, aunque sea a costa de impedir su crecimiento. Esto es algo que no debemos permitir.
Como dirigente gremial empresario no me puedo dar el lujo de desconocer lo que expresa el DNU sobre este tema, tratar de escuchar y leer a especialistas y verificar, muchas veces, que lo que se declara en los medios dista bastante de lo que expresa la norma.
Pero creo que también la población en general, como parte interesada (tanto empleados como empleadores) debería hacer el esfuerzo por informarse fehacientemente y no dejarse llevar por discursos que tienen que ver más con necesidades o estrategias político partidarias que con lo que necesita el país para desarrollarse y salir de la difícil situación por la que atravesamos.
Los grandes perjudicados con la actual legislación laboral son, como siempre, los trabajadores.
Toda oposición a la reforma planteada sin la presentación de alternativas, tratando de mantener el statu quo, sólo busca defender sus propios intereses.
Sostener este esquema es ir en contra de los trabajadores y de las PYMES, condenando a millones a la informalidad, la precariedad laboral y la pobreza incluidos los jubilados y pensionados, porque esta dinámica del mercado laboral lleva al sistema previsional al colapso.
Por lo expuesto y por mucho más es que todos los dirigentes PYME del país debemos expresar, sostener y defender si queremos un país próspero y productivo: la modernización laboral es imprescindible y urgente.
Presidente - Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia
