La absurda asociación entre soberanía y empresas estatales
¿Tienen los pueblos los políticos que se merecen?
No lo creo, o no quiero creer que nos merezcamos gente… así. Imbuidas de una profunda ideologización, de una visión sesgada, rancia, anclada en un sistema de pensamiento que lamentablemente no se terminó de sepultar con la caída del muro de Berlín.
Si bien comenzaré con las declaraciones de una legisladora en particular, este mal, que llamaré “estatolatría” (culto al Estado cual entidad divina o todopoderosa) aqueja a gran parte de nuestra dirigencia política y también de sus militantes.
Tal como anticipé, cito las declaraciones de una famosa legisladora entrerriana de amplia trayectoria política. Horrorizada ella a causa del proyecto de liberalización económica enviado por el presidente Milei al Congreso, aseguró lo siguiente “hay una correspondencia directa entre lo que define esta ley y el sustento ideológico de la última dictadura, entre ellas, la rifa de la soberanía nacional con la privatización de 41 empresas”.
Vaya, si se dijera que la frase fue tomada de un panfleto del “Polo Obrero” no se dudaría de la afirmación.
Asombra el uso de expresiones tan fuertes como “dictadura” y “rifa de soberanía” para referirse a los planes del presidente electo por el 56 % de los votantes.
Si de privatizaciones se trata no se entiende muy bien la referencia a la última dictadura militar, ya que el proceso privatizador se realizó durante la presidencia de Carlos Menem, quien a pesar de las muchas críticas que puede atribuírsele sobre su gestión se le debe, gracias a tal proceso privatizador, que los argentinos dejen de tener que esperar meses o años para que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) les instalara el respectivo servicio, modernizando así el sector de telecomunicaciones y varios más.
Los estatólatras aún fustigan a Menem con una burda frase: “vendió las joyas de la abuela”. Curiosas las “joyas”, tan deficitarias e ineficientes, cuya emisión monetaria para su asistencia financiera tuvo mucho que ver con las hiperinflaciones de 1989 y 1990.
Lo que sí podríamos achacarle a la última dictadura es una inmoral estatización, sí, ha leído bien: estatización.
En efecto, en 1980 se produce una corrida contra los bancos y el gobierno, en una intromisión estatal que nada tiene que ver con el “liberalismo a ultranza” con el que se relaciona erróneamente al régimen militar, rescató bancos comerciales.
Es decir, se estatizó deuda de instituciones financieras. No existe manual liberal que recomiende algo así.
Cabe destacar que el flamante gobierno de Javier Milei propuso un ambicioso ajuste fiscal para lograr el equilibrio financiero, es decir, lograr superávit fiscal primario más un esfuerzo adicional para cubrir también los intereses y así evitar cualquier rojo presupuestario.
Este plan implica aumento de ingresos por 2,2 puntos del PBI y reducción de gastos por 2,9 puntos. Volviendo nuevamente a la comparación con la última dictadura (estas comparaciones también estaban de moda para cuestionar al gobierno de Mauricio Macri), conviene recordar que, a diferencia que lo pretendido por el “plan motosierra” del gobierno actual (sobre el cuales esperemos que no haya obstáculos ni obstaculizadores que impidan su concreción), los militares del gobierno de facto no lograron equilibrio fiscal.
Pero detengámonos un momento para analizar la curiosa analogía de la preocupada legisladora, entre privatizar empresas estatales y “rifar soberanía”.
Por mi parte, sinceramente, no encuentro relación alguna entre una cosa y otra, y me rememora al “vender las joyas de la abuela” de los nostálgicos del estatismo desenfrenado pre privatizaciones que derivó en hiperinflación.
Es curioso encontrar una relación entre empresas estatales, varias de ellas deficitarias e ineficientes, que requieren de la asistencia de gasto público para que sus pérdidas sean atendidas.
Gasto público financiado por supuesto, con impuestos feroces, emisión monetaria generadora de inflación y/o deuda que eventualmente llevará a restricciones y ajustes.
Sería interesante observar un hipotético diálogo entre estos legisladores estatólatras y un pobre habitante villero de cualquier ciudad fustigada por la miseria (podría ser mi querida ciudad de Concordia) dónde el político explique al pobre hombre que está gastando gran parte del fruto de sus esfuerzos en alimentación básica para sus hijos, viviendo “al día”, acerca de los beneficios de que al comprar esos bienes básicos esté pagando impuestos (esto abarca el impuesto inflacionario) para financiar una “aerolínea de bandera” que nunca ha disfrutado y quizá nunca en su vida disfrute.
“Hombre, usted es pobre, pero vaya, está financiando con su compra una aerolínea de bandera que pierde alrededor de un millón de dólares por día”. No hay lógica, ni moralidad.
Estas empresas, cualquiera sea el rubro, distorsionan el mercado, constituyendo una competencia desleal. Si por ejemplo, la aceitera Vicentín hubiese sido estatizada ¿quién podría competirle?, la empresa pasada a manos estatales podría darse el lujo de colocar precios debajo de los costos y destruir a la competencia. Pues una empresa estatal, a diferencia de una privada, no depende de conquistar clientes con adecuadas combinaciones de precios y calidades, depende del aporte estatal. La motivación para lograr eficiencia, competitividad y mejora, es casi inexistente.
Sobre este último punto incluso se da la paradoja que los incentivos no apuntan a la utilización racional del gasto, más bien al contrario. Si la empresa estatal gasta menos que el presupuesto asignado probablemente no se le adicione mayor volumen de recursos para el próximo ejercicio.
Esto lleva a la conveniencia de gastar de más, para que en la asignación presupuestaria siguiente pueda conseguirse un incremento. Los incentivos están totalmente patas para arriba.
Y ya que gastar de más no es un problema ¿por qué no llenar de militantes y amigos la plantilla de personal? Una manera muy habitual de conquistar (estaba por escribir “comprar” pero iba a quedar feo) votos.
Veamos un ejemplo comparativo: American Airlines Group es la empresa aerocomercial más grande del mundo, posee alrededor de 102.700 empleados (datos eulerpool.com) y una flota de más de 940 aviones (traveltheworldwith.us). Tomando solo esas 940 aeronaves, llegamos a un promedio de 109,25 empleados por avión.
En cambio, nuestra aerolínea de bandera, cuya privatización (incluso cediéndosela a los empleados) constituiría una “rifa de soberanía” según nuestros legisladores adoradores del dios estado, tiene contratados 11.947 empleados y maneja una flota de 81 aviones, es decir 147,49 empleados por avión. Más que American Airlines. Debe ser un lujo, envidia de los gerentes de American Airlines ¿o no?
Le paso un pequeño dato: las compañías estatales en la mira de Milei habrían tenido un déficit financiero aproximado de 0,10% del PBI en 2023. No parece tan abismal claro, y quizá no lo sea, pero ese numerito representa $188.000 millones.
¿Es mucho? ¿Es poco?
No lo sé, lo relevante es que no tenemos por qué sufragarlo y que esas empresas serían mejor administradas si se pusieran en el mercado a competir, mediante la innovación, la búsqueda de la mejora en la calidad y la atención, con accionistas privados que vigilen celosamente a sus gerentes, y sin distorsionar mercados mediante su carácter estatal que impide un deseable mayor dinamismo, ampliación de oportunidades y aumento de eficiencia en sus respectivos sectores de operación. Todos estos, costos ocultos e incuantificables, es decir, no reflejados por la cifra anteriormente informada.
La posible compra de una parte del paquete accionario por parte de compatriotas es un buen argumento para neutralizar críticas prejuiciosas de nacionalistas envenenados de xenofobia (admito que este punto requiere un análisis pormenorizado).
Antes de concluir esta nota citaré a uno de nuestros Padres Fundadores, el Dr. Juan Bautista Alberdi, quien nos advertía respecto de lo comentado lo siguiente:
“El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vía de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional; y si excluye de estos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad.
Si estas atribuciones fuesen atribuciones suyas y no de los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderse de ellas, y deferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el Gobierno (...)” (Alberdi, 1854)
Finalizo esta nota deseando que la sabiduría de nuestros Padres Fundadores nos vuelva a iluminar y que Dios bendiga a la Argentina.
*El autor es Economista y Profesor de Enseñanza Superior
