El costo oculto del ajuste argentino
En la discusión pública argentina se repite con frecuencia la idea de que el Estado está “ajustando”. Sin embargo, en la práctica lo que muchas veces ocurre no es un verdadero ajuste, sino la postergación de gastos y decisiones que terminan trasladando el costo hacia el futuro.
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Este mecanismo puede generar, en el corto plazo, la ilusión de equilibrio fiscal, pero a la vez acumula obligaciones que, más temprano que tarde, se convierten en presiones adicionales sobre las cuentas públicas.
Es como una gotera en una casa: si no se repara a tiempo, el agua termina dañando las paredes, arruinando el piso e incluso afectando la estructura completa del hogar. Lo que era un arreglo menor y barato se convierte en una reparación mayor, mucho más costosa y traumática.
Obras postergadas, costos multiplicados
El gasto en infraestructura es un ejemplo claro. Cuando se interrumpe o ralentiza la construcción de rutas, caminos o puentes, el “ahorro” inmediato se transforma en un pasivo oculto.
Los datos recientes lo confirman: según un informe de Argentina Grande, solo el 47,5 % de las rutas nacionales estaba en buen estado en 2024, frente al 54,9 % en 2022. El 29 % se encontraba en mal estado, mostrando un deterioro sostenido.
Mantener todo el sistema vial nacional y provincial costaría unos USD 4.213 millones por año, pero si se lo deja deteriorar la factura final asciende a USD 40.773 millones, de los cuales USD 23.240 millones corresponden solo a rutas nacionales.
A esto se suma el costo humano y económico de los accidentes. En Argentina, cada año mueren más de 4.000 personas en siniestros viales y decenas de miles resultan heridas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial estimó que en 2019 el costo de la siniestralidad vial alcanzó el 1,6 % del PBI, y en 2021 se calculó en alrededor de USD 8.350 millones, equivalente al 1,9 % del PBI. Una parte significativa de esos siniestros está vinculada al mal estado de las rutas, la falta de señalización adecuada y la ausencia de obras de seguridad.
Cada vida perdida representa no solo un drama familiar, sino también un costo económico enorme en atención médica, seguros, productividad perdida y litigios.
El bacheo aislado o los parches provisorios se vuelven inútiles cuando el daño estructural avanza. En esos casos, la única alternativa es rehacer la obra desde cero, lo que implica costos varias veces superiores a los que se hubieran requerido para mantener la infraestructura en condiciones. Así, lo que hoy parece un recorte en realidad es una deuda que se acumula, con intereses altísimos y con un saldo trágico en vidas humanas.
Salud y discapacidad: La urgencia no espera
Otro ámbito sensible es el tratamiento de la discapacidad temprana. Los programas de atención inicial —kinesiología, fonoaudiología, terapias de estimulación— son altamente costo-efectivos si se realizan a tiempo. Cada año de demora implica un deterioro en la calidad de vida de las personas y un incremento de la dependencia futura, que se traduce en mayores erogaciones del Estado en subsidios, pensiones y cuidados de largo plazo.
Aquí resulta clave discernir lo urgente de lo superfluo. No es lo mismo postergar un gasto suntuario que retrasar una inversión en salud que define el futuro de una persona y de su familia. En este campo, lo que se demora se transforma en una deuda social y económica creciente.
En el caso de los niños con problemas severos, la situación es todavía más delicada: discontinuar una terapia puede provocar un retroceso enorme, anulando avances logrados con años de esfuerzo y reduciendo las posibilidades de integración futura. Cada interrupción no solo implica pérdida de tiempo, sino también un daño irreparable que multiplica el costo humano y financiero para el Estado y la sociedad.
El costo argentino y la deuda en transporte
Uno de los factores que explican el llamado “costo argentino” es la precariedad de la red de transporte y logística. La postergación de inversiones en rutas y mantenimiento genera no solo un deterioro de la infraestructura, sino también un sobrecosto directo en el flete camionero.
Según un análisis comparativo (BCR Mercados, 2025), transportar granos 320 km cuesta: Estados Unidos: USD 23,6 por tonelada (USD 0,074/t/km), Brasil: USD 23,3 por tonelada (USD 0,071/t/km), y Argentina: USD 30,1 por tonelada (USD 0,094/t/km).
Esto significa que mover la misma carga en Argentina cuesta entre un 28 % y un 30 % más caro que en Estados Unidos o Brasil, pese a recorrer distancias muy similares. La diferencia se explica, en buena medida, por el mal estado de las rutas, la falta de infraestructura complementaria y la escasa integración multimodal.
Transportar mercaderías por carreteras deterioradas implica más consumo de combustible, mayor desgaste de vehículos, más tiempo de traslado y más accidentes. Todo esto encarece la logística, resta competitividad a las exportaciones y termina influyendo en los precios internos.
Mejorar la red de transporte requiere salir de la lógica de la emergencia y apostar a la planificación estratégica: 1) Priorizar mantenimiento preventivo antes que reconstrucciones costosas, 2) Integrar rutas, ferrocarriles y puertos, reduciendo la dependencia absoluta del camión, 3) Asegurar financiamiento estable y plurianual para obras estratégicas, y 4) Implementar tecnologías de control y gestión vial que permitan anticipar reparaciones y optimizar costos.
Reducir el costo argentino no se logra con recortes aislados, sino con inversión inteligente en infraestructura. Una red de transporte moderna y segura es, al mismo tiempo, un ahorro económico, una garantía de vidas preservadas y un motor de competitividad internacional.
Un desafío de gestión
La verdadera discusión, entonces, no debería plantearse en términos de ajuste o ahorro, sino de administración inteligente. Un Estado que posterga sistemáticamente sus compromisos se convierte en rehén de sus propias deudas diferidas.
Administrar no es simplemente recortar: es decidir dónde gastar para evitar que los costos se multipliquen. Es priorizar lo que genera eficiencia, lo que preserva vidas, lo que potencia la capacidad productiva.
El costo oculto del ajuste argentino está en lo que no se hace a tiempo. Cada postergación se convierte en deuda acumulada, con intereses altísimos y consecuencias irreversibles.
El desafío es salir de la lógica del parche y del corto plazo, y pasar a un Estado capaz de planificar estratégicamente, invertir con inteligencia y generar riqueza sostenible.
Solo así será posible quebrar la dinámica de ajustes ficticios y construir un camino de desarrollo que no hipoteque el futuro para mostrar un equilibrio efímero en el presente.
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