Cuando la ciencia corre y la norma camina detrás

El caso del celular es un ejemplo paradigmático. Primero irrumpió en la vida cotidiana, después en las aulas, y solo mucho tiempo más tarde comenzaron las discusiones normativas. Las regulaciones nacionales siguen ausentes, y apenas algunas provincias, como Catamarca o Neuquén, y CABA han establecido criterios parciales.
Catamarca, con la Resolución Nº 621/22 del Ministerio de Educación: prohíbe el uso del celular y dispositivos análogos en todos los niveles de enseñanza obligatoria, públicos/privados. Se permite sólo con fines pedagógicos y didácticos, incluidos en el Proyecto Educativo Institucional y bajo supervisión docente.
Neuquén, con el Decreto 2025-809, ley N° 3520: regula el uso de los celulares y dispositivos tecnológicos móviles en todas las instituciones educativas estatales y privadas. Brasil es un caso interesante: la nueva ley nacional de enero de 2025 se crea cuando ya había un uso extendido de celulares en escuelas, lo que indica que la regulación nacional “corría tras” la práctica. Con esta nueva normativa se permite el uso de dispositivo móvil para fines pedagógicos supervisados por el profesor, emergencias y cuestiones de salud. El patrón se repite: primero la práctica social, después la preocupación pedagógica, mucho después la respuesta normativa. Este desfase genera varios problemas. En primer lugar, deja libradas a las escuelas a tomar decisiones aisladas, sin un marco común que respalde a directivos y docentes. En segundo lugar, instala desigualdades: mientras algunas instituciones cuentan con lineamientos claros, otras deben improvisar acuerdos internos que luego no siempre son sostenibles. Finalmente, debilita la autoridad pedagógica: se le pide a la escuela que resuelva sola lo que, en realidad, necesita un marco compartido de políticas públicas. El desafío que se nos abre en el sistema educativo es claro: no se trata de prohibir de manera simplista, ni de permitir sin condiciones. Se trata de: i) pensar normativas que acompañen el desarrollo científico y tecnológico sin quedar tan lejos de la realidad escolar; ii) reflexionar sobre la respon$abilidad de las empresas de comunicaciones en el mercado y en la cultura. Mientras tanto, las escuelas seguimos siendo el primer espacio donde se evidencian los conflictos, donde se ensayan soluciones provisorias y donde se reclama, una y otra vez, que la norma deje de llegar con tanto retraso, que los legisladores acompañen las necesidades escolares. Con absoluto convencimiento y total certeza podemos afirmar que con la regulación del uso del celular en la escuela se garantiza el derecho a aprender de los estudiantes, desalentando las distracciones con el móvil. Regular el uso del celular en el aula no busca prohibirlo, sino orientarlo. Cuando su utilización tiene un sentido claro y está vinculada al aprendizaje, deja de ser una distracción. Justamente, usar el celular con un propósito educativo ayuda a que las y los estudiantes se concentren y se reduzcan los usos que interrumpen la clase.