Suma repudios por inconstitucional la sanción de la reforma de la Ley de Juicios por Jurados de Entre Ríos

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, y el abogado penalista, Daminán Petenatti, manifestaron su preocupación ante la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo que reformó la Ley de Juicio por Jurados de la provincia, que en su parte medular cercena la competencia de delitos que debían ser juzgados ante jurados populares. La Cámara de Senadores de Entre Ríos lo sancionó este miércoles, pasadas las 14, con el voto dividido del bloque justicialista: la mayoría avaló la iniciativa, en tanto que Martín Oliva se abstuvo y Patricia Díaz, votó en contra.

Con el voto dividido del PJ, el Senado dio luz verde a la reforma de la ley que regula el Juicio por Jurado
Garzón opinó que “realmente la medida que acaba de tomar la legislatura de Entre Ríos es inconstitucional dado que viola el juez natural previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional (CN), que de manera categórica prescribe que todos los juicios criminales terminarán en juicio por jurados”.
El magistrado sostuvo que “también, este recorte de competencia que ha efectuado la legislatura no puede hacerla porque está recortando facultades de la CN porque esto está previsto en la CN y la legislatura de Entre Ríos no tiene competencias para hacer eso”. En este sentido añadió que “este cercenamiento de derechos a la ciudadanía obviamente que a la provincia le va a traer un problema institucional serio y grave, porque tarde o temprano la corte Suprema de Justicia va a declarar inconstitucional esta Ley”.
Garzón agregó que “no solo que la va declarar inconstitucional sino que todos los juicios por jurado, teniendo en cuenta esta modificación de la competencia natural, se hagan ante jueces técnicos deberán ser declarados nulos, con todo lo que ello implica no solo en materia económica y de logística, sino  para las víctimas y los imputados”.

Se priva a la ciudadanía de poder administrar justicia
El juez manifestó que “obviamente que esto significa un retroceso significativo para la provincia, dado que va a privar a la ciudadanía de poder administrar justicia, lo que está previsto constitucionalmente” y consideró que “de modo alguno se viola el acceso a la justicia, para nada, en absoluto, lo que aquí se ha producido y lo indican las propias estadísticas del Poder Judicial, es que no se han hecho la cantidad de juicios por jurados que debían hacerse, sobre todo en Paraná, dado que en otras jurisdicciones sí, esto lo demostró el abogado defensor que más juicio por jurado ha tenido, el doctor (José) Ostolaza, que de manera enfática manifestó ante la comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación del Senado, que en la costa del Uruguay se cumplen los plazos razonables, así que no hay ningún tipo de demora, el único lugar es Paraná, por algo será”.
Así, concluyó sosteniendo que “obviamente hay algunos que dicen ser juradistas y no lo son y ponen palos en la rueda. Esto en modo alguno se vulnera el plazo razonable al que hacen referencia lo tratados, con esta modificación sí se vulneran, además de la CN las convenciones internacionales que ha firmado la República Argentina”.

Situación lamentable y atraso notorio
Por su parte, Petenatti opinó que se trata de “una situación lamentable, un atraso notorio para la discusión de mayor exigencia y calidad en materia penal. En las distintas provincias y en el gobierno federal se avanza hacia el juicio jurados, en Entre Ríos se retrocede. Se ve a una Legislatura presa de los deseos de un Procurador General que nunca quiso entender el juicio por jurados., Casi como un temor reverencial hacia quien tiene el poder de investigar”.
El abogado destacó que “toda la academia más elevada y prestigiosa en derecho procesal penal está plenamente en contra de esta reforma, por ser regresiva e inconstitucional. Es una herramienta de profunda educación cívica que le da mayor calidad institucional a la provincia”.
Finalmente sostuvo: “Creo sinceramente que los legisladores no han estudiado el asunto, y muestra que invierten el modo de solucionar los supuestos problemas de gestión. En vez de gestionar mejor, cercenan una ley que otorga derechos plasmados desde la Constitución histórica sancionada en 1853”.