Revés judicial para Urribarri y otros dos imputados

La causa judicial que involucra al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, sumó un nuevo capítulo. La Sala N.º 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) resolvió, por mayoría, denegar la concesión de los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Urribarri, Carlos Marcelo Haidar y Diego Armando Cardona Herreros, quienes pretendían llevar sus planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión representa un nuevo obstáculo procesal para los tres imputados, cuyas defensas cuestionan la incorporación de determinada evidencia digital y la legalidad de distintos procedimientos utilizados para obtener y analizar material probatorio.

La computadora MacBook, uno de los puntos centrales de la discusión
Uno de los aspectos relevantes de la controversia judicial está relacionado con la evidencia digital obtenida de una computadora MacBook.
Los abogados defensores cuestionaron la legalidad de la incorporación de ese material, los procedimientos de las pericias informáticas y el cumplimiento de la cadena de custodia, es decir, los mecanismos destinados a garantizar que las pruebas sean preservadas sin alteraciones desde su obtención hasta su utilización judicial.
También plantearon presuntas vulneraciones del debido proceso, del derecho de defensa y de otras garantías constitucionales, con el propósito de excluir determinados elementos probatorios antes de la realización del juicio oral.

Dos votos por el rechazo y uno a favor de habilitar la Corte
El vocal Miguel Ángel Giorgio sostuvo que el recurso extraordinario federal constituye una herramienta excepcional, reservada para situaciones en las que se encuentra comprometida una cuestión federal conforme al artículo 14 de la Ley N.º 48.
A su entender, las defensas no lograron demostrar suficientemente la existencia de arbitrariedad en la resolución cuestionada y reiteraron argumentos que ya habían sido examinados en instancias judiciales anteriores.
La vocal Susana Medina acompañó esa posición, conformando la mayoría que rechazó la concesión de los recursos.
En cambio, el vocal Daniel Carubia votó en disidencia. Consideró que las presentaciones reunían los requisitos formales necesarios y contenían cuestionamientos vinculados con garantías constitucionales que justificaban su tratamiento por la Corte Suprema.
Para Carubia, los recursos incluían una crítica concreta y razonada de las decisiones anteriores, por lo que correspondía habilitar la instancia federal.

¿Qué sucede ahora con la causa?
Los recursos rechazados habían sido presentados contra una decisión anterior de la propia Sala Penal, que desestimó las quejas de las defensas frente a una resolución de la Cámara de Casación Penal.
La decisión no equivale a una nueva condena ni implica que la Corte Suprema haya analizado y rechazado los planteos. Significa que el Superior Tribunal provincial decidió no conceder el acceso a esa instancia por la vía solicitada.
Las defensas conservan la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si corresponde intervenir. De esta manera, la discusión sobre la admisibilidad de las pruebas digitales continúa siendo uno de los puntos centrales del expediente, mientras la Justicia provincial mantiene el criterio mayoritario de no habilitar, por ahora, la revisión federal solicitada.

El origen de la investigación: presuntas irregularidades en contrataciones públicas
La causa, conocida públicamente como “Coimas” o “Relevamientos Catastrales”, investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y maniobras vinculadas con contrataciones del Estado entrerriano que habrían beneficiado a la empresa Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), relacionada con el empresario Diego Cardona Herreros.
La investigación alcanza también a Carlos Haidar, exdirector de Informática de la provincia, y analiza actuaciones administrativas y contrataciones realizadas durante la gestión de Urribarri.
Según la acusación fiscal, habrían existido mecanismos de direccionamiento de contrataciones y beneficios económicos indebidos. Estas imputaciones deberán ser examinadas en el correspondiente juicio oral.
La resolución judicial fue adoptada el 9 de septiembre de 2026 y difundida públicamente este jueves 8 de octubre.
Es importante distinguir este expediente de la causa por enriquecimiento ilícito y de las condenas que Urribarri recibió en otro proceso judicial.