La Justicia investiga más de 40 causas por extorsión contra el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales

Además de la organización liderada por Emilio Pérsico, se menciona, entre otras, a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur y el Movimiento Teresa Rodríguez
La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas truchas” que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella: a lo largo de 44 legajos investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas, concentraciones, volanteadas políticas y actos en estadios y espacios públicos en dónde debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria. La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete.
Pérsico estaba de los dos lados del mostrador. También era el titular de la Secretaría de Economía Social, que funcionaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social. Es el mismo caso de Menéndez, que era funcionario en la misma repartición y en la actualidad es Subsecretario de Economía Popular del gobierno de Axel Kicillof.
También se pesquisan organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado a Eduardo Belliboni, Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y, entre otros, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTE).

Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.
Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich. Infobae.