La Justicia ejecuta el mayor decomiso por corrupción: bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez irán a remate

La Justicia federal dio un paso histórico en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz: el Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, exfuncionarios y empresarios vinculados a la trama que operó entre 2003 y 2015.
La resolución —firmada el 18 de noviembre pasado— actualizó el valor del decomiso a $684.990.350.139,86, convirtiéndose en uno de los mayores montos recuperados por corrupción en la historia judicial argentina. La cifra original, fijada en 2022, ascendía a $84.835 millones, pero la actualización pericial la multiplicó por ocho, reflejando la pérdida de valor del peso en estos años.

Qué bienes serán ejecutados
El fallo ordena tasar y rematar activos detectados como “instrumentos, efectos o beneficios” de la maniobra fraudulenta, entre ellos: Propiedades y terrenos de Austral Construcciones, Kank & Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto. Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, considerados parte del enriquecimiento ilícito derivado del esquema. Bienes personales de exfuncionarios como José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Pavesi, si los de Báez y la familia Kirchner no alcanzaran para cubrir la suma.
Todos deberán inscribirse en la Base de Bienes Secuestrados del Poder Judicial para avanzar con la ejecución.

El fundamento del tribunal
Los jueces señalaron que la sentencia firme del 10 de junio acreditó que Lázaro Báez recibió una concentración irregular del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, y que una parte de esas ganancias se canalizó en bienes que terminaron beneficiando a la familia del matrimonio presidencial.
El tribunal dejó claro que puede decomisarse incluso aquello que hoy está a nombre de terceros, siempre que: exista vinculación temporal con la maniobra, el bien provenga directa o indirectamente de fondos ilícitos, el tenedor no sea un adquirente de buena fe.
La decisión se apoya en la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana, que obligan a los Estados a recuperar activos públicos desviados mediante delitos económicos.

Qué argumentaron las defensas
Los abogados de Cristina Kirchner, Báez y otros condenados intentaron bloquear el decomiso alegando: falta de pruebas del “nexo causal”, violación de garantías constitucionales, inclusión de bienes adquiridos antes de ocupar cargos públicos, bienes sobre los que ya hubo sobreseimientos. Ninguno de esos planteos prosperó.

El período investigado
La Fiscalía detalló una amplia lista de propiedades compradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso en el cual se adjudicaron y ejecutaron las obras cuestionadas.
El tribunal consideró ese período como “el corazón temporal” de la maniobra, en la que Báez pasó de ser un desconocido a convertirse en el mayor contratista del país.

Qué viene ahora
La Corte Suprema deberá determinar el destino final de los bienes rematados.
La prioridad, según el fallo, será reparar el daño ocasionado al Estado y a la sociedad, un principio contemplado en los estándares internacionales de recuperación de activos.
La Fiscalía quedó habilitada a identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso si aparecen durante la ejecución de la sentencia