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    La Justicia de Concordia confirmó que la reforma de jurados no es válida

    La Sala II de la Cámara de Casación de Concordia confirmó la inconstitucionalidad de un artículo clave de la Ley 11.222, que había modificado el sistema de juicios por jurados en Entre Ríos. El punto cuestionado es la restricción que limitaba la intervención de jurados populares solo a delitos con penas superiores a 20 años.

    31 de marzo de 2026 - 13:30
    La Justicia de Concordia confirmó que la reforma de jurados no es válida
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    El fallo, unánime, sostuvo que esa modificación implica un retroceso en derechos ya adquiridos y vulnera garantías constitucionales, como el principio del juez natural y la participación ciudadana en la administración de justicia. Los jueces entendieron que, una vez implementado el sistema de jurados, no puede reducirse su alcance sin afectar derechos fundamentales.
    El caso concreto que motivó la resolución es una causa por robo agravado, en la que se intentó cambiar el tipo de juzgamiento hacia un tribunal técnico. Sin embargo, se resolvió que debía continuar bajo el sistema de jurados, tal como estaba previsto al momento de la remisión a juicio.
    En su análisis, el tribunal también marcó que la reforma habría sido impulsada con argumentos vinculados a cuestiones presupuestarias, lo que no justifica limitar garantías constitucionales. Además, remarcó que modificar las reglas en procesos ya avanzados afecta la defensa y la seguridad jurídica.
    En cuanto a las consecuencias, este fallo no implica que las condenas ya dictadas queden automáticamente sin efecto. En principio, las sentencias firmes son inamovibles. Solo podrían revisarse en casos puntuales si se demuestra un perjuicio concreto en el proceso. Tampoco habilita de manera general a elegir entre jurado o juez técnico: cada caso dependerá de su situación procesal y del momento en que se aplicó la ley.
    En Entre Ríos, el juicio por jurados comenzó a implementarse en 2019, tras la sanción de la Ley 10.746, marcando un cambio histórico en el sistema penal al incorporar la participación ciudadana. Desde entonces, se han realizado decenas de juicios bajo esta modalidad —más de un centenar en toda la provincia— consolidando un mecanismo que, según distintos fallos judiciales, no puede ser restringido sin afectar garantías constitucionales.
     

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