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    La justicia avanza sobre los bienes de Cristina: la corte define si se queda con propiedades decomisadas

    El avance del decomiso de bienes en la causa Vialidad comenzó a mostrar movimientos concretos dentro de la estructura judicial y abrió una nueva etapa en uno de los expedientes más sensibles de la política argentina. El Tribunal Oral que dictó las condenas remitió un oficio a la Corte Suprema para consultar si alguno de los 111 inmuebles alcanzados por el decomiso podría ser utilizado por el propio Poder Judicial o por el Consejo de la Magistratura.

    12 de mayo de 2026 - 00:00
    La justicia avanza sobre los bienes de Cristina: la corte define si se queda con propiedades decomisadas
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    La sentencia condenatoria tuvo tres ejes centrales: la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes por un monto estimado en 500 millones de dólares, equivalentes a unos 685 mil millones de pesos. Ese último punto es el que ahora comienza a traducirse en medidas administrativas concretas.

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    Según trascendió, la Corte deberá analizar si parte de las propiedades decomisadas pueden ser destinadas a funciones públicas vinculadas al servicio de justicia antes de avanzar con eventuales remates. La decisión quedará en manos de las áreas internas encargadas de infraestructura y administración de bienes.

    Entre las propiedades alcanzadas aparecen inmuebles, departamentos y terrenos en Río Gallegos, Lago Argentino y distintos puntos de Santa Cruz, algunos de ellos cedidos previamente a los hijos de la expresidenta, presentaciones que ya fueron rechazadas por la Justicia.

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    Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían impulsado que los bienes recuperados sean utilizados con fines sociales, como hospitales, escuelas u obras públicas, bajo el argumento de que el patrimonio decomisado debe volver de alguna manera a la sociedad.

    En términos judiciales, el debate también dejó una fuerte discusión sobre el alcance del decomiso y la necesidad o no de demostrar una trazabilidad exacta entre cada bien y los hechos de corrupción investigados. 
    La mayoría de los jueces entendió que, ante la magnitud del daño económico causado, bastaba con una vinculación razonable para avanzar sobre la totalidad de los bienes cuestionados.

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    Mientras por ahora solo circulan expedientes, oficios y resoluciones administrativas, en los pasillos judiciales admiten que el proceso representa un verdadero terremoto político y patrimonial. Para un sector de la Justicia se trata de “recuperar lo robado”; para el kirchnerismo, en cambio, la discusión sigue siendo parte de una persecución política y judicial que aún promete nuevos capítulos.

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