La Justicia amplió el embargo sobre bienes de Cristina Kirchner e incluyó el departamento donde cumple prisión domiciliaria

La Justicia federal avanzó con una nueva etapa en la ejecución de la condena dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y ordenó el embargo preventivo de nuevos bienes, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del decomiso económico establecido en la sentencia.
Los magistrados resolvieron ampliar las medidas cautelares sobre 144 bienes, además de vehículos, participaciones societarias y fondos depositados en entidades bancarias.
Entre las propiedades alcanzadas se encuentran el dúplex del complejo Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero, siete cocheras, otro departamento y una baulera vinculados a ese mismo inmueble.
También quedaron bajo embargo propiedades pertenecientes a la familia Kirchner en Río Gallegos, El Calafate y otros inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que forman parte del patrimonio incorporado al expediente judicial.
La resolución también comprende más de cinco millones de dólares depositados en el Banco Galicia y distintos paquetes accionarios que integran el patrimonio alcanzado por la condena.
Esta nueva decisión complementa una primera etapa del proceso de ejecución patrimonial, en la que ya se habían embargado 111 inmuebles. En ese momento, el tribunal dispuso el decomiso de propiedades pertenecientes a Cristina Kirchner, a otros condenados y al empresario Lázaro Báez, una resolución que actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.
Los embargos no implican que los bienes sean rematados de manera inmediata ni modifican su titularidad, pero impiden su venta, transferencia o cualquier otro acto de disposición mientras continúe el proceso judicial.
En paralelo, la expresidenta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta en la sentencia.
Ese planteo internacional no altera la condena vigente ni modifica las condiciones de su prisión domiciliaria. Mientras la Corte Suprema analiza los recursos pendientes, el Tribunal Oral continúa adoptando medidas para garantizar el recupero del decomiso fijado en aproximadamente 685.000 millones de pesos.