La jueza Susana Medina presentó su segundo descargo y será escuchada por Zoom

Cabe recordar que el juicio político se inició tras la unificación de dos denuncias: una presentada por el docente jubilado Eugenio Jacquemain y otra impulsada por la ONG Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari. Ambas invocan la causal constitucional de mal desempeño -entre otras cosas  más 660 ausencias injustificadas entre 2016 y 2025- y toman como base investigaciones periodísticas de la revista ANÁLISIS que dieron cuenta de presuntas irregularidades en la actuación de la vocal del Superior Tribunal de Justicia.

Según se informó, este nuevo escrito no difiere sustancialmente del primero en cuanto a los ejes centrales de la defensa, aunque incorpora mayores apreciaciones de carácter político. En el texto, Medina negó de manera categórica las acusaciones en su contra y rechazó la existencia de irregularidades en su desempeño. “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”, sostuvo.
en esa línea, afirmó que las denuncias que dieron origen al proceso “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, y las calificó como “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.

La jueza también se refirió a los cuestionamientos vinculados a sus ausencias y licencias, señalando que “muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”.

En cuanto al presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos (Bersa) o de fundaciones vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), expresó: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.

En otro pasaje del descargo, remarcó que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.

Entrevista por Zoom
Durante la reunión, los diputados acordaron además fijar para el lunes 22 de diciembre la instancia en la que Susana Medina responderá las preguntas de los legisladores. La comparecencia se realizará por Zoom, a pedido expreso de la magistrada, quien no manifestó imposibilidad de asistir de manera presencial, sino que solicitó utilizar esa modalidad.

Finalmente, se estableció que los integrantes de la comisión tendrán plazo hasta el 5 de enero para pronunciarse sobre la situación y definir los pasos a seguir en el proceso.(I:Analisis)