La Corte sostuvo la cautelar y la UNER habló de un triunfo para la universidad pública
El rector Juan Manuel Arbelo afirmó que las universidades nacionales lograron sostener su funcionamiento en un contexto de fuerte ajuste. El máximo tribunal dejó firme una medida que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, mientras continúa el litigio por el resto de la normativa.
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En medio de un escenario de fuerte tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Juan Manuel Arbelo, eligió expresar su propia mirada sobre el conflicto. Un gesto que no resulta frecuente en el ámbito universitario, donde muchas veces, frente a los momentos más complejos, prevalecen el bajo perfil, el silencio institucional o la espera. Su postura pública marca una diferencia en un contexto que todavía mantiene abierto el debate por el financiamiento del sistema.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza a los artículos 5 y 6, que contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Tras conocerse la decisión judicial, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Juan Manuel Arbelo, manifestó que el fallo representa un paso importante para las universidades públicas, aunque aclaró que la discusión de fondo aún no está resuelta.
“Hay una gran satisfacción en el conjunto de las universidades públicas. Fueron cuatro marchas federales históricas, una intensa tarea de los gremios y un enorme respaldo de la sociedad. Las universidades lograron resistir y hoy tienen un resultado positivo, aunque todavía no significa la aplicación integral de la ley”, afirmó.
Arbelo sostuvo que ahora el Gobierno nacional deberá cumplir con esos dos artículos, ya que la resolución judicial quedó firme. Explicó además que la reciente recomposición salarial acordada en los últimos días corresponde a un entendimiento parcial y comenzará a reflejarse en las liquidaciones de este mes.
No obstante, remarcó que el conflicto continúa abierto. Señaló que el amparo por la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario sigue su curso judicial e incluye otros aspectos centrales, como el presupuesto de funcionamiento de las universidades y la recuperación de distintos programas que no fueron alcanzados por la medida cautelar.
El rector también se refirió al deterioro salarial que sufrió el sistema universitario durante los últimos meses y reconoció que muchos docentes y trabajadores optaron por abandonar sus cargos o buscar otras alternativas laborales.
“Hay decisiones personales que después son difíciles de revertir. Cuando alguien toma otro camino, muchas veces ya no vuelve. Lo que se rompió cuesta mucho reconstruirlo”, expresó. Sin embargo, destacó que la comunidad universitaria mantuvo su compromiso con la institución. “La empatía y el sentido de pertenencia fueron fundamentales para sostener el sistema. Sin ese compromiso hubiera sido muy difícil atravesar este proceso”, agregó.
Finalmente, Arbelo consideró indispensable que exista voluntad política para reconstruir el diálogo entre el Gobierno nacional y las universidades.
“Desde el Consejo Interuniversitario Nacional siempre hubo disposición para dialogar. Ojalá esa voluntad exista también del otro lado. Las universidades siguen siendo un pilar para el desarrollo científico, educativo y productivo de las provincias y del país”, concluyó.
Mientras la Corte ya fijó una posición sobre parte del conflicto, el debate por el financiamiento integral de las universidades públicas continuará ahora en los tribunales, a la espera de una definición sobre el resto de los alcances de la ley.

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