La agenda judicial de la corrupción que definirá condenas en 2026
La justicia entrerriana transita un año clave en causas de corrupción que se arrastran desde hace más de una década y que, finalmente, podrían llegar a sentencia. Exfuncionarios y dirigentes de peso enfrentan definiciones judiciales que incluyen condenas firmes pendientes de la Corte Suprema, juicios orales en marcha y procesos elevados a juicio.
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El caso más relevante es el del exgobernador Sergio Urribarri, cuya condena por corrupción dictada en 2022 —ocho años de prisión e inhabilitación perpetua— espera la decisión final de la Corte Suprema. Si el máximo tribunal rechaza los recursos, deberá volver a prisión. En paralelo, afronta un juicio por enriquecimiento ilícito, con una acusación fiscal que sostiene un incremento patrimonial millonario en dólares y euros, además de otra causa por presuntas coimas, donde se solicitan hasta 10 años de cárcel.
También aguardan definiciones Pedro Báez, con condena en suspenso y otra causa por enriquecimiento ilícito; José Ángel Allende, procesado por enriquecimiento y negociaciones incompatibles tras 14 años de investigación, camino a juicio oral; y Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, con dos causas graves abiertas —una por sobreprecios en obra pública y otra por enriquecimiento ilícito— además de una condena previa firme.
El 2026 aparece, así como un punto de inflexión para el Poder Judicial entrerriano, con expedientes emblemáticos que podrían cerrar un largo ciclo de impunidad y marcar un antes y un después en la relación entre política y justicia en la provincia.
(I: Síntesis de nota de Análisis)
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