La abogada Albarenque habló sobre cómo se llegó al veredicto de no culpable de Querencio

 El ex jefe departamental de Policía de Concordia había sido condenado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual agravado. Sin embargo, ese fallo fue posteriormente anulado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, lo que derivó en la realización de un nuevo proceso bajo la modalidad de jurado popular, instancia en la que finalmente resultó absuelto.

Un caso que se inicia en 2019 y llega a juicio en 2023
Según explicó la letrada, la causa tuvo su origen en una denuncia radicada en 2019. El expediente avanzó hasta llegar a juicio en 2023, donde, en pleno debate oral, se produjo un cambio clave en la calificación del hecho. “En el transcurso del juicio se agravan los hechos denunciados, lo que implicaba pasar de un abuso simple o gravemente ultrajante a un abuso con acceso carnal, aumentando considerablemente la pena en expectativa”, detalló.
Tras ese proceso, Querencio fue condenado. Sin embargo, la defensa planteó que se había producido un error técnico, ya que, al haberse agravado el delito durante el juicio, el caso debía haber sido juzgado por jurado popular. “Eso fue lo que motivó que el Superior Tribunal de Justicia anule el primer juicio”, explicó Albarenque.

Anulación, cambio de jurisdicción y traslado a Chajarí
A partir de la anulación del fallo, se dispuso la realización de un nuevo juicio. En ese marco, la defensa solicitó además un cambio de jurisdicción, argumentando que la fuerte exposición mediática en Concordia podía afectar la imparcialidad del jurado. “El jurado podía estar contaminado por la magnitud mediática, por el cargo que él tenía y porque era un caso conocido por toda la comunidad”, sostuvo la abogada. El planteo fue aceptado y el proceso se trasladó a la ciudad de Chajarí. Para entonces, Querencio ya había pasado un año en prisión y luego dos años bajo arresto domiciliario.

El juicio por jurados y el veredicto de no culpable
El nuevo juicio se llevó a cabo en marzo de 2026 bajo la modalidad de jurado popular. La abogada destacó especialmente la instancia de selección del jurado como uno de los momentos más importantes del proceso.
“Lo más importante es lograr un jurado imparcial, sin prejuicios ni sesgos, que no esté contaminado por información previa”, señaló. El debate se extendió durante cuatro jornadas y culminó el 13 de marzo con el veredicto: no culpable. Albarenque remarcó además que, en el sistema de jurados de Entre Ríos, ese veredicto equivale a la inocencia del acusado: “No existe la categoría ‘inocente’, sino ‘culpable’ o ‘no culpable’”.

La estrategia de la defensa y el análisis de la prueba
Desde la defensa sostuvieron desde el inicio que se trataba de una falsa denuncia. En ese sentido, la abogada indicó que el eje del trabajo estuvo en el análisis exhaustivo de la evidencia. “Lo que demostramos y quedó acreditado en el juicio es que el hecho no existió. Era materialmente imposible que ocurriera como fue denunciado”, afirmó.
Entre las pruebas mencionó el análisis de casi 2.000 videos, pericias informáticas de teléfonos y redes sociales, y una planimetría detallada del edificio donde supuestamente habría ocurrido el hecho. Según explicó, las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de la denunciante dentro de la jefatura policial, evidenciando, según la defensa, que el tiempo y las condiciones hacían inviable el hecho denunciado.

Consecuencias, posibles acciones y debate social
Más allá del resultado judicial, la abogada remarcó el impacto que el proceso tuvo en la vida de su defendido.
“El daño fue gravísimo, tanto en lo personal como en lo laboral. Se truncó su carrera, sufrió escarnio público, afectación económica y emocional”, expresó. Consultada sobre posibles acciones contra el Estado, indicó que se trata de una decisión personal de Querencio, aunque reconoció que existe esa posibilidad debido a los daños sufridos.
Por último, dejó una reflexión sobre el sistema judicial: valoró el juicio por jurados como una herramienta de participación ciudadana, pero advirtió sobre los riesgos de denuncias falsas.
“Este caso muestra que existen falsas denuncias que pueden llegar incluso a una condena. Para que el sistema proteja a las verdaderas víctimas, debe haber responsabilidad, objetividad y rigor en la investigación”, concluyó.